La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que vuelva a "criminalizar" al sector y ha avisado de que el "irreal" proyecto de ley con el que quiere blindar la sanidad pública acarreará un gasto anual de 2.746 millones y más listas de espera.
El anteproyecto que ha salido esta semana a consulta pública contempla limitar y facilitar a las comunidades la reversión de la gestión privada de los servicios sanitarios públicos y mejorar los procedimientos de transparencia y auditoría.
"La eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas. La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación", ha señalado el presidente de la ASPE, Carlos Rus, en un comunicado.
El sector privado ve además con preocupación las expresiones "altisonantes e innecesarias" pronunciadas por la ministra de Sanidad Mónica García, ya que estas declaraciones nuevamente "contribuyen a criminalizar la actividad legítima de un sector que siempre ha trabajado con la máxima responsabilidad y consciente del importante papel que desempeña en la provisión de asistencia sanitaria a los ciudadanos", en palabras de Carlos Rus.
ASPE recuerda que "la ley pasa por alto casi 40 años de colaboración eficiente bajo la tutela de la Ley General de Sanidad de 1986, que contempla y regula las fórmulas colaborativas para desahogar listas de espera, campañas de atención médica puntual, el sistema de mutualidades de funcionarios y las concesiones administrativas para la gestión de determinados complejos sanitarios".
Ante este escenario, ASPE avisa de que la aprobación del proyecto de ley iniciaría "un conflicto competencial que podría alcanzar el Tribunal Constitucional".
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