Sumar exige a Puente y Robles que impidan la llegada a Cartagena de un carguero que podría llevar armas para Israel

Nuevo choque en el seno del Gobierno a tenor de la posición de España ante la invasión de Gaza por parte de Israel. Este martes, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, calificó de "inadmisible" la posible parada de un carguero que podría llevar material militar para el Estado hebreo en el puerto de Cartagena el próximo jueves, conocida este martes, y exigió a los ministerios de Defensa y Transportes que la impidan para evitar estar colaborando con el "genocidio" de la población palestina.

Errejón hizo público a última hora de la tarde el registro de dos preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo sobre este asunto, y señaló expresamente a los departamentos liderados por Margarita Robles y Óscar Puente. En sus preguntas, el portavoz de Sumar relata cómo "en las últimas horas se ha podido conocer a través de los medios de comunicación y las redes sociales la denuncia de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina sobre la parada de un carguero con material militar para Israel en el puerto de Cartagena el próximo jueves 16 de mayo, que tendrá rumbo al puerto de Ashdod, a 30 kilómetros de Gaza".

"El carguero Borkum transporta 20 toneladas de motores de cohetes, 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva, 1.500 kilos de sustancias explosivas y 740 kilos de cargas y propulsores para cañón, según denuncia la denuncia del movimiento", explica la iniciativa parlamentaria suscrita por Sumar. Ante estos hechos, Errejón pregunta "qué medidas están impulsando el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Defensa para impedir la llegada de Carguero Borkum al puerto de Cartagena el próximo jueves 16 de mayo".

El diputado también se dirige expresamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, que lidera José Manuel Albares, y cuestiona si ese departamento y el Ministerio de Transportes "reconocen que la parada del Carguero Borkum al puerto de Cartagena supondría estar incumpliendo el Tratado sobre el Comercio de Armas". Dicho texto, suscrito por España y por tanto de plena aplicación, establece que "un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas" si tiene "conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad" o "ataques dirigidos contra personas civiles".