Los científicos no quieren pagar 17.000 euros para jubilarse: "Éramos investigadores y docentes, no estudiantes en prácticas"

Antonio Rodríguez se tituló en Biología en 1982 con "uno de los mejores expedientes" de aquel año en la Universidad de Sevilla. Su responsable del laboratorio le comunicó entonces una decisión que sigue marcando su vida: el departamento iba a solicitar para él una de las escasas becas que existían entonces, que solo se concedían a los que habían logrado las mejores notas, mientras que a su compañero, con peor expediente, le harían un contrato.

"La beca me la concedieron y fue un honor, pero a él le dieron el contrato y hace ya cinco años que está jubilado", declara Fernández, que a sus 64 años está trabajando como catedrático de Bioquímica en la Universidad de Córdoba. Aquella fue la primera de varias becas que el biólogo sevillano fue encadenando en una brillante carrera científica que le hizo pasar también dos años por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. En total, 11 años haciendo labores de investigación y docencia, las mismas que sus compañeros contratados del departamento, pero como becario, es decir, sin cotizar ni un solo día a la Seguridad Social.

"Yo me podía haber jubilado ya, como todos mis compañeros de promoción, que han sido profesores en institutos o los compañeros de departamento que, los que han querido se han jubilado a los 60, pero yo no puedo", se lamenta Rodríguez, que tiene 30 años cotizados a pesar de haber trabajado durante cuatro décadas de manera ininterrumpida. "Durante todos esos años, no teníamos derecho a paro, no teníamos derecho a vacaciones, si eras una mujer, no tenías derecho a maternidad y, ojo, yo no podía asistir a ningún hospital público".

Desde el pasado 1 de mayo, el Gobierno ha abierto la posibilidad a los trabajadores que realizaron en su día prácticas sin cotizar -las remuneradas cotizan desde 2011 y las no remuneradas, desde el comienzo de este año- de firmar un convenio especial con la Seguridad Social para que esos periodos computen para la jubilación. Los años cotizados, es decir, en los que se ha abonado una parte del salario al Estado para poder recibir prestaciones, son fundamentales para calcular la pensión por jubilación. Actualmente, es obligatorio tener 38 años cotizados para poder jubilarse con pensión completa a los 65 años.

Esta posibilidad de rescatar los años de becario -cinco, como máximo- para la cotización tendrá, eso sí, un alto coste. Los trabajadores tendrán que abonar de su bolsillo el pago de la contribución a la Seguridad Social durante su tiempo de becarios, incluida la parte que corresponde abonar al empresario en un contrato laboral. Este aspecto de la orden es el que ha despertado la indignación de los científicos que, al contrario que la mayoría de estudiantes de prácticas, arrastran muchos años de becas no cotizadas, lo que les supondría tener que abonar hasta 17.280 euros para poder contar con ese tiempo para su jubilación, 3.456 euros por cada año.

"No éramos estudiantes"

"Están intentando hacer que su orden nos parezca muy bonita porque lo es para otra gente, pero para nosotros no", declara Elena Suárez, portavoz de la plataforma de Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (Abid), que convocaron, junto a los sindicatos UGT y Sattui, una concentración este sábado a las puertas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "Nosotros pedimos que se nos ponga en una disposición adicional y se nos reconozca de otra manera y no se nos trate como unos estudiantes en prácticas. Éramos investigadores y docentes, no unos estudiantes en prácticas".

Se trata de la primera movilización que lleva a cabo esta plataforma que reclama fundamentalmente que los científicos no tengan que hacerse cargo de las costas del empleador -generalmente, el Estado- para rescatar sus años de becario para la cotización. También piden que el precio de la cotización se calcule con las bases del año en la que se realizó la beca y no con las de 2024 y que se les cuente en el grupo cotización 1 y no en el 7, lo que tiene un gran impacto en la cuantía de la pensión por jubilación. También reclaman que se puedan recuperar más de cinco años de periodo de beca dado que hay quien llegó a acumular hasta 14 en esta situación.

"Tenemos que movilizarnos, no nos queda otra. Yo creo que el Gobierno tiene que reconocerlo y espero y creo que el ruido que hemos hecho llegue a afectar de tal manera que rectifiquen", defiende Suárez, también doctora en biología y actualmente funcionaria en un instituto de formación profesional en Tenerife. "Esto es un engaño al final para mí del Gobierno, el sistema económico y el sistema de pensiones, y quieren que nosotros les aportemos el déficit que ellos tienen, lo tengo clarísimo", añade Suárez, que se ha reunido y asegura haber recibido el apoyo de los grupos parlamentarios del Partido Popular, Sumar, BNG y EH-Bildu en el Congreso.

Tras las protestas de los científicos, el Ministerio de Seguridad Social, encabezado por la socialista Elma Saiz, se mostró abierto a revisar el sistema. El pasado viernes, miembros de la citada plataforma Abid y de varias asociaciones científicas que la apoyan se reunieron con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Fuentes del Ministerio señalan a 20minutos que "se han escuchado las observaciones de este colectivo y se ha manifestado, al igual que se ha hecho estos últimos días, el compromiso de llevar este asunto a la mesa del diálogo social, que se reúne este lunes, para su revisión".

Arreglar una injusticia con otra injusticia

Se modifiquen o no las condiciones para que los científicos rescaten los años no cotizados, esta no será la primera oportunidad que han tenido para hacerlo. En 2011, el Gobierno entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero abrió un plazo de unos meses en el que fue posible aflorar hasta dos años de beca no cotizados hasta la fecha. La medida tuvo un impacto limitado por su escasa difusión y, como en esta ocasión, el alto precio que conllevaba. Desde entonces no se ha vuelto a abrir este convenio.

La bióloga Inés Antón, que ahora tiene 57 años, fue una de las científicas que podrían haberse beneficiado de aquella norma, pero que descartó hacerlo por su alto precio. Tras licenciarse a comienzos de los 80, estuvo 12 años encadenando becas que le permitieron, entre otras cosas, formar parte del equipo del prestigioso virólogo Luis Enjuanes, investigando vacunas para coronavirus décadas antes del inicio de la pandemia de 2020. También pasó seis años en la universidad de Harvard, Estados Unidos, donde consiguió su primer contrato laboral con 32 años. Después completó su carrera científica pasando por Italia y acabando en España en su actual puesto en el Centro Nacional de Biotecnología. Actualmente tiene 22 años cotizados en España.

"No es que me quiera jubilar antes ni nada parecido, es que ni estando hasta la edad que me corresponde, que son 67, mi jubilación sería la correspondiente a todos los años que he trabajado", declara Antón, que tendría que afrontar el pago de los famosos 17.280 euros para poder recuperar cinco de esos años para su jubilación. "Reconozco que es una gran oportunidad de arreglar una injusticia social y laboral, porque es una injusticia lo que nosotros hemos sufrido, pero claro, lo que no puede ser que se gestione con otra injusticia, que sea que paguemos nosotros la parte que le corresponde al empleador".

Su opinión es la generalizada entre los investigadores afectados por este problema. Consideran que el Gobierno no está valorando la importancia social del trabajo científico: "Es sorprendente porque, siempre que se pregunta en la sociedad si se valora la labor de los científicos, y más después de la pandemia, toda la sociedad lo valora, pero luego la realidad es que nuestros sueldos como funcionarios no son comparables al nivel de formación que tenemos, yo creo. Y, en este caso, sí que sentimos que no se está haciendo la justicia que nos corresponde".

Un sueño que ha tenido consecuencias

No todos los afectados por esta circunstancia han continuado con la actividad investigadora. Eli Fores, de 64 años, también estudió Biología y, al terminar la carrera, en 1986, se sintió profundamente afortunada de entrar como becaria en el Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona, dirigido por el científico Ramón Margalef con un proyecto sobre el Delta del Ebro.

"Era como un sueño", declara Fores, que ahora es funcionaria municipal. "Te salía la oportunidad de hacer la tesis doctoral con una beca que te pagaba el Ministerio de Educación y Ciencia, que además te reconocía lo que no se había reconocido en su vida, que era que participaras en un proyecto importante, y oye, lo dejabas todo de lado, era la ilusión de tu vida, y la única cosa que no mirabas es si cotizabas o no cotizabas a la Seguridad Social".

Casi ninguno de los entonces jóvenes científicos se plantearon que aquellas atractivas oportunidades de investigación podrían acabar teniendo consecuencias para su jubilación. Fores, empezó a cotizar con más de 30 años, cuando decidió abandonar la carrera científica y comenzó a trabajar en la Unidad de Medio Ambiente de un ayuntamiento de 18.000 habitantes en las cercanías de Tarragona.

"Estábamos convencidos de que éramos trabajadores por cuenta ajena con todos los derechos del mundo mundial, y no, no era el caso, y esto, cuando te haces mayor, te das cuenta de que no era aquello", declara Fores, que está haciendo números para poder jubilarse a pesar de poder haberlo hecho hace tiempo si hubiera cotizado en ese tiempo de becaria. Su única solución ahora sería tener que abonar 12.200 euros. "El tipo de trabajo que tengo ahora es un trabajo muy bonito y muy majo, pero yo creo que ya me toca jubilarme por cuestiones familiares, por la pareja que ya tengo jubilada, y estas cosas. Yo querría jubilarme o prejubilarme, y me encuentro con que me piden como mínimo unos años de cotización que no tengo".

La concentración del sábado era, para Fores y el resto de antiguos becarios de investigación en su situación, solo un primer paso y se muestran dispuestos a continuar hasta conseguir lo que consideran que les corresponde por justicia. "Esto es un movimiento en continuo, que esto a los científicos nos gusta mucho. Si no nos hacen caso, vamos a seguir realizando actuaciones a nivel descentralizado en nuestros territorios y también a nivel de redes sociales como hemos estado haciendo hasta ahora".

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