El PSOE urge al Govern de Cataluña que pague los 81 millones que debe por Rodalies
- El partido ve «imperativo» que se salde la deuda por los servicios prestados entre 2016 y 2019.
- La cantidad de cable de cobre robado en Rodalies fue mayor de la que se anunció y se produjo en Barcelona.
El PSOE ve "imperativo" que se ejecute la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenaba a la Generalitat a pagar a Renfe una deuda de 81 millones de euros por los servicios prestados en Rodalies entre 2016 y 2019.
Así lo dice el Grupo Socialistas en una propuesta de resolución al informe de fiscalización que realizó el Tribunal de Cuentas sobre las medidas de Renfe en relación con las restricciones de movilidad de viajeros implantadas durante 2020. La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se votará esta semana en la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En ese informe, el organismo fiscalizador recomendaba a la Administración General del Estado, la Generalitat y Renfe Operadora a formalizar un contrato o acuerdo de financiación que regule la prestación de los servicios de Rodalies en Cataluña. El Tribunal consideraba que dicho contrato debería especificar, al menos, los servicios a prestar, las compensaciones máximas a recibir por Renfe Viajeros, quién debe abonarlas, las obligaciones de las partes, los compromisos de calidad y puntualidad y los posibles incentivos y penalizaciones.
El PSOE suscribe esta recomendación mediante su propuesta de resolución, pero añade que considera "imperativo" que la Generalitat ejecute esa sentencia, lo que supone abonar a Renfe esos 81 millones de euros y que se "abone la deuda imputable al Plan de Acción de Rodalies" de ese periodo.
La compañía reclamó en el año 2021 ese importe vía contecioso-administrativa por la ampliación de los servicios de Rodalies que la propia Generalitat había solicitado a raíz del traspaso en 2010 de parte del servicio. Pero el Govern no quería abonar ese dinero porque argumentaba que buena parte del coste correspondía al canon ferroviario que se paga por circular por la infraestructura de Adif, que es competencia del Ministerio de Transporte.
Finalmente, en 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio la razón a Renfe y condenó a la Generalitat a pagar la deuda. Además, obligó al Departamento de Territorio y Sostenibilidad a asumir los costes por un máximo de 3.000 euros.
Durante el pasado fin de semana, una nueva avería en el servicio entre los municipios de Castelldefels y Garraf (Barcelona) generó retrasos de más de 20 minutos el sábado en las líneas R2-Sud, R13, R14, R15, R16 y R17.