Las elecciones y el tema migratorio son una mezcla explosiva, más si cabe para la UE, que ha tenido la cuestión migratoria como un tema tabú a lo largo de décadas. El pacto migratorio alcanzado tras diez años de dudas no parece haber cerrado el asunto de cara a los comicios del 6 al 9 de junio, y se seguirá hablando del tema... mucho y de forma divisiva. Todos ven ese acuerdo como incompleto y la derecha radical hará de la inmigración su caballo de batalla en la campaña, aunque la izquierda no quiera entrar del todo en esa batalla. Meloni, Abascal, Le Pen, Salvini u Orbán tienen clara la línea a seguir: la UE debe controlar sus fronteras.
En total, el pacto está formado por cinco reglamentos que, además, se habían negociado hasta ahora por separado: el de control y procesamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios, la administración de las crisis y la gestión y atención de los solicitantes de asilo. Quizá la base del acuerdo sea la llamada "solidaridad obligatoria pero flexible": el objetivo es la acogida de 30.000 refugiados al año, pero los Estados miembros pueden no hacerse cargo de su cuota a cambio de unos 20.000 euros por persona en un fondo común que se cree a partir de ahora.
De este modo se ha cerrado la puerta a las cuotas irrenunciables, que era una petición que hacían países como España, situadas en la primera línea. Además de las aportaciones económicas, los 27 también podrán participar con medios logísticos para los traslados o incluso siendo "países de segunda línea", es decir, acogiendo a refugiados que hayan entrado a través de otro Estado miembro. Ese es el escenario más habitual por ejemplo en Alemania o Países Bajos.
Por otro lado, como pedían socios comunitarios como Italia, Hungría o Polonia, el pacto incluye un refuerzo y un mayor control de las fronteras exteriores. En este sentido, se apuesta por una mayor rapidez en el examen de las solicitudes de asilo y una mejora de la identificación a la llegada, incluida la imagen facial y las huellas dactilares, para los niños a partir de seis años. Asimismo, el acuerdo impone controles de seguridad y sanitarios obligatorios para las personas que entren irregularmente en la Unión Europea.
El foco también se pone, como pedía la Comisión Europea, en las mafias y en el tráfico de seres humanos. Así, el reglamento de crisis y fuerza mayor establece un mecanismo para garantizar la solidaridad y medidas de apoyo a los Estados miembros "que se enfrentan a una afluencia excepcional de nacionales de terceros países que provoque el colapso del sistema nacional de asilo". Las normas también cubren la instrumentalización de los migrantes por parte de "agentes hostiles". En esos casos, se prevé una "excepción temporal" en los procedimientos explicados anteriormente. Es decir, la acogida en estos escenarios sería mucho más rápida.
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Asimismo, se establece un procedimiento común en toda la UE para conceder y retirar la protección internacional y por tanto se sustituyen algunos de los procedimientos nacionales, con el objetivo de mejorar la coordinación entre los 27. La toma en consideración de cada caso tendrá que darse además "de manera más rápida", con una primera decisión como máximo en un tiempo de seis meses.
Todo lo anterior parece haber cerrado el cisma, pero nada más lejos de la realidad. En campaña se hablará, y mucho, sobre inmigración. Las voces de Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Santiago Abascal, André Ventura o Matteo Salvini se escucharán mucho estas semanas, y sobre todo será para que hablen de cómo "combatir la inmigración ilegal". Algunos de estos líderes de derecha radical, de hecho, comparten en cierto modo la llamada teoría del remplazo. Es decir, avisan de que la población europea está siendo "sustituida" por la de origen árabe, por culpa de la "inmigración masiva". El pacto sobre el tema, con todo, no parece ser suficiente para ellos y el migratorio será un asunto fundamental, de nuevo, en sus discursos electorales.
Además, un grupo de 15 Estados miembros de la UE, liderados por Dinamarca, han llamado recientemente a una estrategia conjunta para externalizar la política de migración y asilo, más allá del propio pacto común. Alegan que el incremento "insostenible" de llegadas irregulares de migrantes en los últimos años requiere enfoques innovadores y poco convencionales. El mensaje es claro: "La UE y sus Estados miembros deberían mejorar su contribución a unas asociaciones igualitarias, constructivas y amplias con países clave, especialmente a lo largo de las rutas migratorias, cambiando nuestro enfoque de la gestión de la migración irregular en Europa al apoyo a los refugiados, así como a las comunidades de acogida en las regiones de origen" Mientras, las urnas están a la vuelta de la esquina.
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