El Tribunal Superior de Londres autorizó este lunes al periodista australiano Julian Assange a recurrir en otra audiencia futura dos de las tres garantías ofrecidas por Estados Unidos sobre el tratamiento que recibiría si fuera extraditado a ese país. 

De esta manera, los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson han aceptado lo solicitado por la defensa del fundador de WikiLeaks, ya que han entendido que merecen someterse a un juicio en apelación los argumentos de la defensa de que Assange será discriminado por su nacionalidad no estadounidense puesto que no se le asegura que pueda ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución del país, que protege la libertad de expresión, algo que había puesto de manifiesto el abogado de Assange, Edward Fitzgerald.

Así, el letrado ha aducido que Washington no garantizó de forma satisfactoria en una comunicación a la corte el pasado marzo que Assange, que es australiano, vaya a poder ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.

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En su nota diplomática de "garantías", el Gobierno de Estados Unidos dijo entonces que el fundador de WikiLeaks podrá "intentar plantear" como defensa la Primera Enmienda, pero matizó que corresponderá a la Justicia estadounidense determinar si se le aplica o no.

Fitzgerald ha recordado este lunes que el fiscal estadounidense del caso, Gordon Kromberg, ya avisó de que él podría esgrimir como argumento que "los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a la protección bajo la Primera Enmienda, al menos en lo que se refiere a información de defensa".

"No discriminación"

El equipo legal de Assange, que no ha podido asistir a la vista por cuestiones de salud, sí ha considerado válida, como el tribunal, la garantía de EEUU de que no se le aplicará la pena de muerte.

En su turno de palabra, el fiscal británico James Lewis -que representa a Washington en este proceso- ha rebatido que Assange tendrá garantizados todos los derechos procesales en Estados Unidos en base al principio de "no discriminación" de la Constitución estadounidense.

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Lewis también ha argumentado que, aunque un juez estadounidense podría tener en cuenta "la ciudadanía" de un imputado a la hora de decidir si se le aplica la Primera Enmienda, "la nacionalidad (lugar de nacimiento) no es una consideración".

Según él, el argumento de Washington es que, independientemente de la cuestión de ciudadanía o nacionalidad, "la conducta imputada de revelar nombres de fuentes y ponerlas en riesgo inminente de daño no está cubierta por la Primera Enmienda".

"Bajo una enorme presión"

Tras la decisión del tribunal, la esposa del periodista, Stella Assange, ha dado una rueda de prensa a las puertas del Tribunal Superior de Justicia londinense, donde se congregaban decenas de personas en pro de la libertad del fundado de WikiLeaks. En la misma, ha celebrado la decisión como "una buena señal", aunque ha señalado que su marido se encuentra "bajo una enorme presión", a la vez que ha pedido que Estados Unidos retirara los cargos.

AP

La esposa del fundador de WikiLeaks informó de que había hablado con él después del anuncio del veredicto de los jueces, ante el que el australiano también mostró su alivio tras una semana "difícil" en la que se estaban preparando para lo peor. Aun así, para ella, es imposible recuperar los cinco años que su marido ha pasado en la cárcel londinense de alta seguridad de Belmarsh, lo que califica de "crueldad". "Mientras Julian siga en prisión, no hay un final a la vista; simplemente debería ser liberado para que pueda volver a casa conmigo y con los niños", ha dicho. 

En ese contexto, la mujer recordó que Julian Assange aún "no está libre" y que sigue necesitando apoyos de otros gobiernos, como el australiano o los europeos, para lograr su libertad. 

También en declaraciones a los medios, el actual director de WikiLeaks, Kristin Hrafnsson, subrayó que no cree en ninguna garantía proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos para extraditar a Assange, aunque mostró cierto optimismo ante la decisión del tribunal londinense. "Hoy puede ser el principio del fin del proceso judicial", consideró.

Estados Unidos reclama al programador informático para juzgarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de WikiLeaks, que en 2010 y 2011 expuso violaciones de derechos humanos del Ejército estadounidense en las guerras de Irak y Afganistán.