El Gobierno valenciano ha activado el frente judicial en su reclamación de más agua para el lago de la Albufera con el envío al Ministerio para la Transición Ecológica de un requerimiento como "paso previo" a tomar acciones legales en la vía contencioso-administrativa. El Consell ha sido informado este lunes por la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, de esta decisión, que adopta para evitar una "catástrofe ecológica" y asegurar el caudal fijado en el Real Decreto 35/2023. Según sostiene, solo ha recibido 2 de los 20 hectómetros cúbicos de agua comprometidos como aportación extraordinaria. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) achaca la "batalla política" a la candidatura de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a las elecciones europeas, insiste en que ha enviado 50,2 hectómetros previstos en la planificación ordinaria y reclama a la Generalitat una conducción directa desde los ríos Turia y Júcar hasta la laguna.
Pradas, tras la reunión del Ejecutivo valenciano en Elche (Alicante) ha denunciado la "inactividad negligente" del Gobierno central que pone en peligro a la Albufera y ha avanzado la voluntad del Consell de acudir a la vía judicial si "siguen incumpliendo su palabra como hasta ahora". "Hacen una maniobra trilera y engañan a la población valenciana con lo que tendría que llegar. Por un lado, están las aportaciones ordinarias que tienen que llegar a toda la extensión del parque y, por otro, las transferencias extraordinarias y necesarias para la renovación del agua del lago", ha expuesto.
Aunque aboga por "dialogar", la titular de Medio Ambiente ha afirmado no entender "que no se cumpla con la ley en estos meses y más viendo de lo que vivimos este otoño que se provocó una situación de emergencia en la Albufera que podemos volver a sufrir en los próximos meses", ha indicado, al tiempo que ha asegurado que "si se vive una catástrofe ecológica, el único culpable será el Gobierno de España".
El Consell ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, cuya alcaldesa, María José Catalá, se ha unido al president Carlos Mazón para exigir a Ribera que "deje de mentir" respecto a las aportaciones. Ambos han alertado ante el riesgo que la sequía supone para la "supervivencia ecológica" de la laguna. "Las matemáticas no fallan. Si el Gobierno ha metido el agua en el lago, que nos diga cuándo lo ha hecho, por dónde, en qué momento y con qué hectómetros cúbicos. Y ya está", ha afirmado Mazón.
Catalá ha añadido que trabajan "conjuntamente en acciones judiciales" para exigir al Ministerio el agua prometida. Además, ha destacado que "de forma espontánea se ha creado un frente común" entre los Ejecutivos autonómico y local a favor de la Albufera: "Aquí se ha quedado solo el Ministerio y el partido político que respalda el Gobierno".
El presidente de la CHJ (que depende del Ministerio), Miguel Polo, considera "evidente que se está tratando de generar una batalla política con un asunto que debería dilucidarse en el ámbito puramente administrativo". Así, ha lamentado que se "ponga en duda" el trabajo de los funcionarios y "los datos que facilitan usuarios y comunidades regantes". "La CHJ no miente en sus datos", ha zanjado.
Prealerta si sigue sin llover
El sistema Turia podría entrar en prealerta por la sequía y sería necesario establecer restricciones en el regadío en una fase "muy avanzada" si no se registran lluvias de aquí a julio. Así lo ha advertido Polo, que ha expuesto que ya existen restricciones para regadío en el Palancia y Sénia. En el caso del Mijares, de este río no dependen abastecimientos urbanos, por lo que las restricciones, si su situación empeora, serían menores.
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