El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un decreto ley para que los convenios colectivos autonómicos prevalezcan sobre los de ámbito estatal. Es decir, en caso de que para un mismo sector exista un convenio para todo el país y otro para una comunidad en concreto, tendrá prioridad el segundo. Así lo ha comunicado el PNV, impulsor de la iniciativa, a través de un comunicado difundido este martes a los medios de comunicación.
La prevalencia de los convenios sectoriales frente a los estatales formaba parte del acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y el PNV para elegir a Sánchez como presidente. El Ejecutivo ya trató de sacar adelante esta medida, que se incluyó en el mismo decreto que la reforma de los subsidios al desempleo, a finales del año pasado. La negativa de Podemos a aceptar la convalidación de la normativa de los subsidios dio al traste con la iniciativa, que ha vuelto este martes al Consejo de Ministros.
Interrogada sobre esta cuestión durante la rueda de prensa posterior a la reunión, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales ya estuvo presente en la legislación española durante varios años. Además, ha añadido que este cambio respeta el "espíritu" de la reforma laboral. "Solo se va a aplicar el convenio autonómico siempre que sus formulaciones sean más favorables para el trabajador o trabajadora", sostiene la vicepresidenta.
La estadística de convenios colectivos que elabora todos los meses el Ministerio de Trabajo reflejaba que el año pasado se registraban 907 convenios sectoriales con efectos económicos en 2023. Esos acuerdos amparaban a 10,1 millones de trabajadores, de los cuales 2,5 millones (uno de cada cuatro) estaban bajo el paraguas de convenios autonómicos o interautonómicos. Además, otros 3,7 millones de relacionales laborales estaban sometidas a convenios sectoriales de ámbito nacional y 3,9 millones a convenios provinciales.
Rechazo de CEOE y sindicatos
La medida no gusta ni a empresarios ni sindicatos, que han lamentado en varias ocasiones que no se haya sometido al diálogo social. Cuando el Gobierno intentó aprobar el cambio en la prevalencia de los convenios el pasado diciembre, la patronal CEOE respondió con un comunicado en el que acusaba al Ejecutivo de "falta de lealtad y confianza". Para los empresarios, esta medida supone una enmienda a la reforma laboral, "atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional" y supone "un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española".
Los sindicatos se han pronunciado también en varias ocasiones en contra de dar este paso. En noviembre del año pasado, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, censuró que la reforma no se consultara en el diálogo social. "Si no lo aprobamos en la anterior reforma laboral es porque no hubo acuerdo. Sería mucho más recomendable que España pudiera tener una ley de negociación colectiva para evitar solapamientos", expresó entonces Álvarez.
"No tenemos nada en contra de los convenios autonómicos, pero no es de recibo que se modifique el Estatuto de los Trabajadores en algo tan sensible como la negociación colectiva sin siquiera hablarlo con los agentes implicados en la negociación de los convenios", trasladaba Unai Sordo, secretario general de CCOO el pasado mes de enero.
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