La Audiencia Nacional podrá juzgar a Gonzalo Boye por presunto blanqueo de capitales y falsedad documental como parte de la operación Mito, la causa que investiga una operación de tráfico de drogas dirigida por José Ramón Prado, alias 'Sito Miñanco'. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado este martes el recurso de casación que presentó Boye, el abogado de Carles Puigdemont, que pedía ser juzgado el los juzgados de instrucción de Madrid.
Gonzalo Boye recurrió, primero a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y después ante el Tribunal Supremo, la asunción de su investigación por parte de el primero de estos dos tribunales. Según alegó, se estaba violando su "derecho al juez natural predeterminado por ley". La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el artículo de previo pronunciamiento que Boye planteó en este sentido, y la Sala de Apelación falló en el mismo sentido. Ahora es el Supremo quien ha estimado que el presunto delito cometido por Boye está estrechamente relacionado con la operación de tráfico de drogas dirigida por Miñanco, y que por tanto la Audiencia Nacional es competente para juzgarlo.
La investigación sobre las actuaciones de Boye en la operación se había tramitado mediante una pieza separada de la causa principal, razón por la que el abogado considera que se le debería juzgar en Plaza de Castilla. Pero Manuel Marchena, el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, sostiene que "es difícil de encontrar un ejemplo más apropiado de conexidad que el que vincula al delito de blanqueo de capitales con el tráfico de drogas que constituye su precedente".
La relación entre el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas es "inescindible", ha sentenciado el alto tribunal. Por tanto, "el enjuiciamiento conjunto" se convierte "en una garantía para el propio acusado". Así lo ha aprobado el tribunal de la Sala de lo Penal, presidido por el propio Marchena e integrado también por Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Pablo Llarena y Ángel Luis Hurtado.
La participación de Boye en la operación de Miñanco
La organización de Sito Miñanco trató de introducir cuatro toneladas de cocaína en España, una maniobra a la que las Fuerzas de Seguridad bautizaron como operación Mito. En el marco de esta operación, 889.620 euros de la organización fueron incautados en 2017 en el aeropuerto de Barajas. Según el auto de procesamiento que dictó la Audiencia Nacional, los investigados aseguraron que ese dinero pertenecía al hombre que lo transportaba en el momento de la incautación, un colombiano llamado Manuel Pedro González Rubio.
Pero el tribunal concluyó que el dinero pertenecía en realidad a Sito Miñanco. Gonzalo Boye y otro abogado propusieron al narco una estrategia para tratar de justificar el origen legal del dinero intervenido: querían "elaborar unos documentos y presentar unos contratos de compraventa" para recuperarlo. El precio pactado por aquel trabajo eran 90.000 euros, según el auto de la Audiencia Nacional.
Como ya hizo la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo indica que aquel presunto delito resulta "inescindible" del intento de introducir la cocaína en Europa, el delito "precedente". Con lo cual, el tribunal ha tomado la decisión irrecurrible de avalar la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para juzgar a Boye. En la causa están procesados el propio Sito Miñanco junto a otras 45 personas que intentaron sin éxito introducir las cuatro toneladas de cocaína en una operación frustrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que seguían su pista desde 2016.
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