La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elevado a Pleno un informe de la Inspección del Consejo según el cual no hubo "disfunciones" judiciales en la fuga de Karim Bouyakhrichan, el líder de la Mocro Maffia que se encuentra en paradero desconocido después de que la Audiencia Provincial de Málaga lo pusiera en libertad provisional. El documento niega que hubiera "descoordinación" entre los tres órganos judiciales que intervinieron en las actuaciones: el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, la Sección Primera de la Audiencia de Málaga y el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Tras cinco años de investigación policial que culminaron con la detención de Bouyakhrichan y el desmantelamiento de su clan, el instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó ejecutar la entrega del mafioso a Países Bajos, que el 15 de marzo había dictado una orden europea de detención. Pero la orden de Moreno no se ejecutó de forma inmediata y en ese lapso, a principios de abril, el cabecilla de la Mocro Maffia se dio a la fuga. La noticia levantó las alarmas en la Policía Nacional, que en palabras del sindicato JUPOL interpretó el acontecimiento como "un auténtico escándalo".
La Policía Nacional informó en enero desde Madrid de una operación ejecutada en la Costa del Sol en la que se había arrestado a Bouyakhrichan, "un objetivo prioritario". Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se felicitaron por una operación en la que se bloquearon más de 170 propiedades y tres millones de euros en cuentas bancarias. El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, lugar en el que se detuvo al sospechoso, ordenó la prisión provisional.
Pero el 18 de marzo, la Audiencia Provincial de Málaga le dejó en libertad provisional, con la retirada de su pasaporte y la obligación de acudir cada 15 días al juzgado. Bouyakhrichan, además, pagó una fianza de 50.000 euros. La última vez que apareció en el juzgado fue el 1 de abril. El 15 de abril, cuando había pasado un mes desde que Ismael Moreno mandó la entrega a Países Bajos, el cabecilla del clan se saltó por primera vez la orden de acudir y no volvió a aparecer.
El 9 de mayo, el Pleno del CGPJ ordenó a los servicios de Inspección elaborar un informe para dilucidar si hubo algún tipo de descoordinación entre los órganos judiciales. La conclusión es que "no se han observado disfunciones en la actuación y comunicación", tal y como indican los servicios jurídicos, que no pueden emitir valoración alguna sobre las decisiones de contenido jurisdiccional.
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