El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este viernes a las comunidades autónomas que aceleren la implementación de las nuevas tarjetas monedero, un nuevo sistema de ayuda para las familias vulnerables que arrancó hace poco más de un mes y cuya puesta en marcha ha generado quejas de las autonomías gobernadas por el PP, que alegan "problemas técnicos" a la hora de aplicar el sistema en sus territorios.
El Consejo Territorial se ha reunido esta mañana de forma extraordinaria, después de que la semana pasada ocho consejeros del ramo —Madrid, Andalucía, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura e Islas Baleares— mandasen una carta al ministro en la que le exigían un encuentro para abordar la "falta de información" que consideraron que primaba en torno a la implementación de las tarjetas monedero.
El encuentro de este viernes, por tanto, era meramente informativo y, según informan desde el Ministerio, ha servido para resolver las dudas de algunos gobiernos autonómicos y zanjar la polémica surgida en las últimas semanas. El departamento dirigido por Bustinduy recuerda, además, que es la tercera reunión de trabajo técnico que se ha llevado a cabo para la puesta en marcha de este proceso, en el que "se ha dado respuesta a más de 25 preguntas"; y cuyas conclusiones serán recopiladas en un documento que trasladarán la próxima semana a las comunidades autónomas como "guía orientativa que permita reforzar la implementación del nuevo sistema".
El Gobierno puso en marcha este modelo en abril, en colaboración con Cruz Roja España, que cerró la licitación de las siete cadenas de supermercados en las que podrán canjearse las tarjetas monedero, implementadas para las familias vulnerables con hijos y para desestigmatizar las llamadas 'colas del hambre', en sustitución de las habituales bolsas de alimentos.
Cantabria y Navarra ya lo han puesto en marcha
Desde entonces, era tarea de los gobiernos autonómicos empezar a identificar y derivar a las familias beneficiarias, a través de sus servicios sociales. Cantabria y Navarra ya han comenzado a derivar a familias para el reparto de las tarjetas, mientras el resto se han comprometido este viernes a empezar con la derivación "de forma inminente".
"Tras haber respondido todas las dudas técnicas y jurídicas que se han recibido, el Ministerio de Derechos Sociales ha instado a todas las comunidades autónomas a acelerar la implementación de las tarjetas monedero en sus respectivos territorios, para complementar los servicios de asistencia alimentaria que ya están operativos y que permiten, en su conjunto, alcanzar a todas las personas que necesitan estos servicios", traslada el departamento de Bustinduy en un comunicado.
Este nuevo modelo de ayuda para familias en situación de "extrema vulnerabilidad", es decir, que cobren menos del 40% de la mediana estatal y tengan menores a su cargo, nace con el objetivo de luchar contra la pobreza infantil a través de la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) fijado por la Comisión Europea. Para agilizar su implementación, el Gobierno puso en marcha un periodo transitorio en el que se comprometía a hacerse cargo de la gestión hasta enero de 2025, cuando serán las comunidades autónomas que tendrán que asumir esa tarea, junto con la de la derivación a las familias.
Recuerdan en Derechos Sociales que estas tarjetas —de las que calculan que se beneficiarán unas 70.000 familias— podrán recargarse mensualmente y darán acceso a la población más vulnerable a "comprar alimentos de primera necesidad, incluidos alimentos frescos, así como productos de higiene básica".
Las CC AA piden una prórroga de la gestión
En ese sentido, según informan fuentes de la Comunidad de Madrid, "la gran mayoría de las comunidades autónomas" han pedido a Bustinduy que someta a votación que el Gobierno central asuma también en 2025 su modelo transitorio de tarjetas monedero, "hasta que solvente los problemas que se van a encontrar las familias".
Las mismas fuentes denuncian que este cambio de modelo —que es complementario al resto de ayudas que existían hasta ahora— "deja fuera al 70% de la población vulnerable al cubrir solo familias con menores a cargo".
Piden por ello que se determinen "criterios homogéneos para toda España", sobre los ingresos que deben computar la valoración de la renta para el acceso a la ayuda; la definición de las unidades familiares que pueden ser perceptoras; y el procedimiento de derivación de las familias a Cruz Roja. Exigen, igualmente, una respuesta a las familias que residen en siete de cada ocho municipios de España que, según alegan, no tienen un supermercado de las cadenas adheridas al programa y, por tanto, no pueden canjear las tarjetas monedero.
Comentarios