El fenómeno de los apartamentos turísticos contará este año con una nueva regulación específica a nivel autonómico que dará más competencias a los ayuntamientos y herramientas a las comunidades de vecinos para que tomen sus propias decisiones sobre el modelo turístico que quieren desarrollar. El Gobierno valenciano está ultimando la redacción de un decreto ley de urgencia que tendrá entre sus objetivos combatir la economía sumergida y detectar las fuentes de problemas de convivencia, sobre todo en edificios residenciales.
Según explican a 20minutos fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, la normativa "va en la línea" de otras comunidades como Andalucía o el País Vasco: actuar para "evitar morir de éxito" con el turismo y hacerlo, si es posible, de forma consensuada con hoteles, apartamentos y promotores. El departamento que dirige Nuria Montes planeaba tener el texto listo antes del verano pero, si no fuera así, lo llevará antes de final de año al pleno del Consell.
Una de las herramientas contra la oferta ilegal, las inspecciones, cuenta con una carencia histórica de efectivos, con 11 para toda la Comunitat, por lo que la nueva normativa apuesta por fórmulas alternativas. Entre ellas destacan la mayor colaboración con los ayuntamientos y las policías locales en las inspecciones, la obligación de que las viviendas incorporen el número de catastro, la oferta de información a las comunidades de propietarios sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite vetar los pisos turísticos en bloques residenciales y, finalmente, el rastreo en internet de viviendas sin certificación o fuera del registro mediante algoritmos de inteligencia artificial. "Se trata, en definitiva, de darles herramientas para que tengan la autonomía para decidir si no quieren viviendas turísticas o que solo se oferten por bloques enteros, por ejemplo", explican desde Turismo.
La proliferación descontrolada de apartamentos turísticos no solo en zonas costeras y vacacionales, sino en áreas residenciales, ha derivado en problemas vecinales, de convivencia y también de competencia desleal que han puesto en alerta al nuevo Gobierno de la Generalitat. En los últimos meses, en ciudades como Valencia, este fenómeno se ha extendido a los bajos comerciales y, en el caso de la ciudad del Turia, desde el centro y la playa hasta barrios de la periferia. Además, la Policía Local ha puesto en cuatro meses 166 multas a apartamentos ilegales, el doble que en todo 2023.
Según los datos de la Asociación de la Asociación de Viviendas Turísticas (Aptur CV), a comienzos de este año había registradas de forma legal 49.950 viviendas de uso turístico en el global de las tres provincias, que representan el 1,5% del parque total de viviendas. Según un estudio de esta patronal, el 50,6% de los turistas que visitaron la Comunitat en 2022 decidieron alojarse en una vivienda turística tras comparar otras opciones. Concretamente, 2,7 millones eligieron eligieron esta fórmula en sus vacaciones o viajes de trabajo en 2022 (el 68,2% extranjeros y el 31,8% nacionales) y gastaron 3.300 millones de euros.
Reticencias del sector
Fuentes de la Asociación de Viviendas de Alquiler para Corta Estancia de la Comunitat Valenciana (Avaec) critican que el Consell quiera abordar la problemática de la vivienda "señalando a los apartamentos turísticos como si fueran los únicos responsables de detraer vivienda y del precio del alquiler". Según apuntan, la sostenibilidad se debe abordar "de forma amplia y cualquier medida debe afectar a todas las actividades turísticas, no solo a una modalidad de alojamiento".
Valencia opta por suspender un año las licencias
La ciudad de Valencia va a suspender durante un año el otorgamiento de licencias a apartamentos turísticos. Según anunció el viernes la alcaldesa, María José Catalá, el pleno del Ayuntamiento tiene previsto aprobar este martes esta medida, que será prorrogable otro año. "El objetivo es hacer una buena regulación y evitar la proliferación de este fenómeno, que afecta a todas las grandes ciudades, dejando tiempo a ver si el Ministerio coordina un marco común", ha afirmado. "Este gobierno, frente a la pasividad de la izquierda, sí está haciendo cosas", añadió Catalá.
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