Más de la mitad de los niños y adolescentes españoles, el 55%, vive en hogares que afrontan dificultades para llegar a final de mes y cerca de un millón y medio de estos ha experimentado retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca de la vivienda. Este es uno de los factores que han hecho que, en 2023, España alcanzase el récord histórico en carencia de material severa en hogares con menores a su cargo, según el informe anual Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2024, elaborado anualmente por la Plataforma de Infancia para ver cómo evolucionan los datos socioeconómicos de los niños y, en definitiva, de la pobreza infantil.
"Claramente tenemos un problema histórico", ha alertado este lunes el director de la entidad, Ricardo Ibarra, durante la presentación de los resultados. Y es que las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) todos los años revelan un deterioro de la calidad de vida de los menores en España, que sufren la segunda peor tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea (UE), solo superada por Rumanía: el 28,9% está en esta situación.
Pero lo que más ha empeorado en los últimos años y, sobre todo, desde la pandemia, es el indicador que mide las carencias materiales severas de los niños y adolescentes y que en 2023 alcanzó al 10,8% de la población infantil, lo que supone 4,8 puntos porcentuales más que en 2019 y el dble que en 2008. "Son las tasas más elevadas de toda la serie histórica", ha indicado la autora del informe, Eva García.
La carencia material severa refleja la falta de acceso a necesidades básicas y la proporción de población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro de nueve conceptos definidos: no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no poder costearse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada; no poder afrontar gastos imprevistos; haber tenido retrasos en el pago de la vivienda; no poder permitirse un coche; no poder permitirse un teléfono; no poder permitirse un televisor; y no poder disponer de una lavadora.
Medio millón en riesgo de malnutrición
Así, y según esos criterios, los datos revelan que más de la mitad de los niños viven en hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes (un 2,8% más que en 2022). Un 11,% de la población infantil reside, además, en hogares que consideran que tienen un gasto elevado o muy levado por el alquiler o la hipoteca de la vivienda; y cerca de un millón y medio vive en hogares que se han retrasado en el pago de la renta. Además, un cuarto de los hogares con menores de edad reside en viviendas inadecuadas, ya sea por problemas de goteras, humedades, o podredumbre, las condiciones de habitabilidad afectan al 25% de los hogares con menores.
También la pobreza energética y alimentaria presenta los registros más altos desde que se tienen datos. Casi el 20% de los hogares con niños y adolescentes no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada; porcentaje que se dispara hasta el 34% en el caso de las familias monoparentales (7,1 puntos más que el año anterior). Además, el 6,9% de los niños no pueden permitirse carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Dicho de otro modo: más de medio millón de menores de edad pueden estar sufriendo problemas de malnutrición infantil, tal y como ha advertido García.
Crece la tasa AROPE
También crece la tasa de riesgo de pobreza y/ o exclusión social (tasa AROPE), que en 2023 ascendió 1,7 puntos hasta el 33,9%. La cifra evidencia cómo, en España, tener a menores a cargo eleva la posibilidad de estar en riesgo de pobreza, pues la tasa AROPE entre la población infantil es siete puntos mayor que la de la población general (26,9%). La situación, además, se agrava para las familias numerosas (51,7%), las monomarentales (53,1%), aquellas con progenitores con bajo nivel de estudios (76,4 %) o en las que los padres son de origen extranjero (73,3 %).
Otro de los factores que destaca la entidad es la infancia rural. Aunque en términos absolutos hay menos niños en riesgo de pobreza en los pueblos de España, en términos relativos, la tasa de pobreza y/o exclusión social se eleva hasta el 34,7%. "Hay que prestar también atención a este grupo rural de niños, más que nada porque también tienen menos recursos", ha aseverado la autora del informe.
Por comunidades, Andalucía es el que alcanza una tasa AROPE más elevada (46,8%); en contraposición con el País Vasco (19,6%). Con todo, la evolución de la tasa respecto al año pasado es dispar entre comunidades. Así, por ejemplo, Canarias, que tiene el segundo peor dato (44,7%), es también la autonomía con una disminución más elevada respecto a 2022 (-4 puntos).
El informe analiza igualmente la evolución de la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social según lo marcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que instan a reducir la tasa a la mitad para 2030, midiéndolo desde 2015. Según esa meta, y tal y como señala Plataforma de Infancia, a estas alturas la tasa AROPE debería estar ya en un 25,2%, y no en un 33,9%. "El año pasado se redujo ligeramente, pero la tendencia se ha roto", ha subrayado García, que también
Poco impacto de las ayudas sociales
Además, pese a que desde 2020 la ONG percibe una tendencia creciente del número de ayudas a las familias, apenas el 9,2% de los hogares con niños a cargo ha recibido alguna. Hay, asimismo, una "gran brecha" con el resto de países si se observa la comparación de la tasa de pobreza antes y después de tener en cuenta las transferencias sociales del Estado a las familias más vulnerables. Países como Alemania consiguen reducir del 33,3 al 13,8% su tasa de pobreza con sus prestaciones. España, sin embargo, solo consigue atenuar 5,9 puntos porcentuales ese indicador, lo que, según García "indica la importancia de impulsar políticas sociales enfocadas a la infancia".
Para Ibarra, los datos revelan que España tiene "poca capacidad" para reducir su pobreza. Por ello la entidad plantea una serie de medidas que, defiende, contribuirían a atajar la pobreza infantil. Una de ellas es la ya anunciada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que pretende implantar una renta universal por crianza, bien en la ley de familias que se está tramitando en el Congreso, bien a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esto, ha aseverado el director de la entidad, apoyaría a las familias en una "situación límite" por el coste económico que supone el cuidado de niños y que cifra en 550 a 730 euutos al mes.
Piden también que se aborden los "compromisos" de la directiva europea de conciliación, que obliga a remunerar cuatro meses del permiso parental, para "ayudar a quienes no pueden permitirse un cuidado privado ni tienen servicios públicos para poder conciliar".
Ibarra ha denunciado también la insuficiencia del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), que pide mejorar y reducir la burocracia a la hora de presentar la documentación que justifica que se está en condiciones de ser beneficiaria, "con menores trámites y facilitando el acceso a esta política de rentas.
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