La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido este miércoles a regular la prevención de riesgos laborales de las trabajadoras del hogar en un plazo máximo de seis meses. Lo hará, según ha avanzado, desarrollando el real decreto que en 2022 les reconoció el derecho a paro y prohibió despedir a estas empleadas con una indemnización de solo 12 días por año.
"En el plazo de seis meses nuestro país va a ser un poco mejor", ha anunciado Díaz en el acto 'Cuidados con Derechos' organizado por el Ministerio de Derechos Sociales. "Vamos a desarrollar toda la materia de seguridad y prevención de riesgos laborales en nuestro país. Y lo digo porque lo vamos a cumplir", ha añadido la vicepresidenta segunda, quien también ha augurado una negociación complicada para conseguir esta reforma.
Según ha contado al clausurar el acto, el departamento que dirige está actualmente negociando con los agentes sociales para tener aprobado este año el desarrollo normativo que regule la seguridad y prevención de riesgos laborales de las empleadas del hogar. Este es un objetivo que ya propuso Díaz hace justo un año, cuando reivindicó la necesidad de elaborar un reglamento que garantice los derechos de estas trabajadoras. Según contó entonces, el texto que preparan recoge "una fórmula de autoevaluación" que deberían realizar las propias personas que despliegan estos servicios y que, facilitarían la labor de la Inspección de Trabajo, que no tendría que desplazarse al domicilio en el que trabajan las profesionales.
La iniciativa, por tanto, extenderá la prevención de los riesgos laborales a las empleadas del hogar y obligará a que se evalúen sus puestos de trabajo, a formar a las trabajadoras y a facilitarle la vigilancia de su salud mediante reconocimientos médicos. Así lo fijó también el Real Decreto-ley 16/2022, que es el que reformó el régimen laboral de las trabajadoras del hogar y les reconoció varios derechos fundamentales. No obstante, no se han dado muchos más detalles por ahora de cuáles son las medidas que están debatiendo en el proceso de negociación.
"En esa norma hay una disposición adicional complejísima que llevamos negociando con sindicatos meses y que vamos a culminar ya y vamos a garantizar a este colectivo de mujeres trabajadoras del hogar la prevención riesgos laborales y la salud y el bienestar en sus vidas", ha prometido la ministra de Trabajo, quien ha reconocido que el debate será "muy complicado", visto lo que costó sacar adelante el real decreto de 2022. "Fue una batalla como pocas viví, y va a pasar exactamente lo mismo", ha augurado, señalando que se van a escuchar "todo tipo de cosas" como que no se puede regular el trabajo y la inspección en el interior de los domicilios.
"La revolución pendiente es la revolución de los cuidados. Es el reto de época en el mundo del trabajo y en la sociedad", ha reivindicado.
Transformación de las condiciones de las cuidadoras
En esa línea —la de mejorar las condiciones de los profesionales que se dedican al sector de los cuidados— va a ir uno de los ejes de la Estrategia Estatal de cuidados 2024-2030 que prepara el Ministerio de Derechos Sociales y que prevé aprobar en Consejo de Ministros próximamente. Según ha aseverado el ministro Pablo Bustinduy en ese mismo acto, el objetivo del Gobierno es impulsar una "transformación inmediata de las condiciones laborales de las profesiones de cuidados", caracterizadas por una fuerte feminización y precarización.
"No va a ser camino fácil, de la noche a la mañana. Será una senda ardua pero indispensable que parte con una mejora inmediata, una transformación inmediata de las condiciones laborales de las profesiones de cuidados", ha subrayado el titular de Derechos Sociales, quien ha defendido también que este cambio "permitirá abordar problemas como el déficit de profesionales que nos va a traer el reto demográfico".
Con ese fin se ha puesto en marcha una mesa de diálogo social con sindicatos y patronal del sector, según ha explicado Bustinduy, que también ha mencionado datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que revelan que las trabajadoras a domicilio cobran un 59% menos que el salario medio en España; un 41% menos en el caso de las que trabajan en residencias. "Las profesiones de cuidados han arrastrado las desigualdades de género y reconocimiento social que ya lastraban el modelo tradicional. Esto es algo inaceptable que tenemos que cambiar de forma prioritaria", ha defendido el ministro.
Junto a la nueva estrategia, Derechos Sociales tiene previsto aprobar también la reforma de la ley de dependencia "en las próximas semanas", con la vista puesta en avanzar hacia un cambio en el modelo que priorice la ayuda al domicilio de las personas mayores, con discapacidad, dependientes, sin hogar y menores migrantes.
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