La Fiscalía Europea pidió al juez instructor Juan Carlos Peinado información sobre "los hechos y delitos" por los que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por si hubiese habido fondos europeos afectados. El pasado 26 de abril, la Fiscalía Europea envió un oficio al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde se investiga la posibilidad de que Gómez haya cometido delitos de tráfico de influencias. En el documento -incluido en el sumario al que ha accedido 20minutos- se solicitaban estos datos para tratar de determinar si la institución podría "llegar a ejercer su competencia". 

Los fiscales europeos delegados en Madrid  también acordaron solicitar una serie de documentos a Red.es, la institución pública que adjudicó varios contratos a un empresario al que Begoña Gómez había firmado una carta de recomendación Y por otro lado, una vez identificados los proyectos adjudicados a este empresario, llamado Carlos Barrabés, la Fiscalía acordó "oficiar a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo (UFASE)" para que la institución confirmase si estos proyectos "hubiesen sido financiados con fondos europeos y, en su caso, si se han certificado". 

El instructor Juan Carlos Peinado, que admitió la querella de Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez y está a cargo de las actuaciones, contestó a la Fiscalía Europea el mismo 26 de abril. La providencia dictada por Peinado confirma a los tres fiscales que los contratos adjudicados por Red.es están incluidos en las diligencias, y que los presuntos delitos que se investigan son "tráfico de influencias y corrupción en los negocios". Junto a la contestación de Peinado se adjuntó una copia de la información que Manos Limpias adjuntó a la querella que dio inicio a las diligencias. 

Los escritos remitidos por la Fiscalía Europea se centran en los expedientes de la unión temporal de empresas (UTE) Innova Next-Escuela de Negocios The Valley, del empresario Carlos Barrabés. La UTE, que contaba con una carta de recomendación de Gómez, fue adjudicataria de varios contratos por parte de Red.es. Uno de ellos consistía en un "servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital", y otro era un contrato para formar digitalmente a personas desempleadas. 

Lo que pretende dilucidar la Fiscalía Europea, en estos casos, es si esas adjudicaciones habrían estado financiadas con fondos europeos. En ese caso, la institución comunitaria podría reivindicar su competencia sobre la investigación, un asunto sobre el que Peinado no se ha pronunciado en sus autos.