La Junta de Andalucía ha endurecido la ley de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración autonómica mediante una modificación "puntual y urgente", de forma que, a partir de ahora, quienes dejen su cargo público y quieran incorporarse al sector privado en los siguientes dos años tendrán que contar previamente con una autorización de la Junta o, en caso contrario, podrían quedar inhabilitados y perder parte de sus retribuciones.
Así lo ha explicado este martes el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, tras aprobar el Consejo de Gobierno un decreto ley, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y sea convalidado, más o menos en un mes, en el Parlamento, y que supone una modificación "quirúrgica" y "de mínimos" de la ley de 2005, que "solo establece generalidades" y crea "inseguridad jurídica". Estos cambios, además, servirán de base para, "en el menos tiempo posible", elaborar una nueva ley más completa.
Nieto ha reconocido que esta medida es consecuencia de la "brecha en el sistema de control" que afloró con el caso del exviceconsejero de Salud y exgerente del SAS Miguel Ángel Guzmán y su intento de fichaje por la aseguradora privada Asisa, que la Junta consideró finalmente incompatible. Asimismo, el Ejecutivo pretende que "nadie se pueda aprovechar de la gestión pública para fabricarse una salida laboral en el ámbito privado", pero que al mismo tiempo "nadie se vea perjudicado por haber tenido una responsabilidad pública".
La principal novedad es que cualquier ex alto cargo de la Junta que ahora quiera incorporarse a una empresa privada deberá antes informar a la Administración y solicitar un informe sobre la compatibilidad o no del fichaje. Esto regirá únicamente en los dos años posteriores al cese, periodo que ya se contempla en la actual norma y que no se ha modificado.
La Inspección General de Servicios será el órgano encargado de recabar la información necesaria y emitir, en el plazo máximo de un mes, el informe pertinente sobre la compatibilidad o no de la actividad del ex alto cargo. El incumplimiento de esta medida, en caso de que el antiguo funcionario ejerza actividades privadas sin la pertinente autorización, será considerado como una infracción muy grave, que estará sancionada con entre tres y diez años de inhabilitación para cargo público y la devolución de toda la cesantía en caso de haberla percibido.
Precisamente sobre esta retribución que perciben los ex altos cargos cuando se marchan de la Administración, fijada ahora en un mes de salario por cada año trabajado por un mínimo de tres meses y un máximo de doce (salvo para los presidentes y consejeros), según recoge la ley de 2005, la Junta contempla que, en la futura ley que quieren desarrollar, se amplíe el periodo de cobro, que en el caso de la ley estatal es de 24 meses. "No queremos mandar un mensaje para que solo los funcionarios y los ermitaños pueden formar parte de la Junta", ha manifestado Nieto. Según el portal de Transparencia del Gobierno andaluz, consultado por este medio, a 31 de marzo de este año había siete ex altos cargos que percibían una cesantía, entre ellos Guzmán.
Qué es incompatible y qué no
Otra de las claves de la modificación aprobada, y que igualmente supone endurecer las condiciones para evitar las puertas giratorias, es el establecimiento de unos criterios "nítidos" sobre lo que inhabilita y lo que no. Así, no serán autorizados a fichar por la privada aquellos ex altos cargos que durante el desempeño de su función pública hayan suscrito un contrato con la empresa a la que se quieren incorporar, extremo que también se aplicará en el caso del superior y de los subordinados del cargo en cuestión.
La Junta también determinará que existe un conflicto de intereses, y por tanto incompatibilidad, cuando el alto cargo hubiese votado a favor en decisiones que benefician a la entidad privada.
Por el contrario, no habrá incompatibilidad cuando las decisiones adoptadas por el alto cargo no estuvieran referida a una empresa en concreto, sino a un colectivo con carácter general. Ejemplo de ello, ha explicado Nieto, sería conceder ayudas a todas las líneas aéreas con destino a EEUU, lo que no impediría fichar por una de ellas en particular.
Tampoco será incompatible cuando se haya votado a favor de una empresa en un proceso de concurrencia competitiva a propuesta de un órgano técnico colegiado (que no haya sido nombrado por la persona en cuestión), ya que lo contrario "sería incurrir en prevaricación".
El Gobierno andaluz, ha concluido Nieto, quiere transmitir con estos cambios una imagen de "transparencia, cumplimiento de la legalidad y de respeto a lo público que esté en el top de España y de Europa" para ser "vanguardia en el cumplimiento de los compromisos de las políticas públicas". Y que "nunca más se vuelva a relacionar a Andalucía con nada que tenga que ver con la corrupción".
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