Una investigación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha determinado que los hospitales públicos gestionados por operadores privados registran, por norma general, mejores indicadores de mortalidad evitable que la media de los hospitales públicos, una conclusión que contradice a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien afirmó lo contrario en sede parlamentaria.

Citando a la Universidad de Oxford y a la revista médica The Lancet, García afirmó que "la privatización sanitaria se relaciona con el aumento de la mortalidad evitable y mayores tasas de mortalidad tratable", unas afirmaciones que indignaron a la patronal de la sanidad privada (ASPE), impulsora de esta investigación de la UCM.

El informe concluye, con datos públicos oficiales, que los hospitales públicos gestionados por operadores privados registran mejores indicadores que la media de los hospitales públicos en la mayoría de indicadores analizados.

La investigación de la UCM ha realizado un estudio minucioso de 500 artículos científicos en toda Europa y no encuentra evidencias de que la colaboración público-privada incremente la mortalidad evitable en España o en otros países europeos, tal y como afirmó la ministra de Sanidad.

En la Comunidad de Madrid, a modo de ejemplo, en el índice agregado de mortalidad, cuatro de los cinco hospitales públicos gestionados por un operador privado presentan los mejores índices de toda la región. Son los hospitales Infanta Elena, Rey Juan Carlos, Villalba y Fundación Jiménez Díaz. Su Ratio de Mortalidad Estandarizada (RME) es inferior a 1, es decir, por debajo de lo esperado. El quinto hospital, Torrejón, presenta un RME de 1.

Por otro lado, dos auditorías de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana concluyen que los hospitales de Manises y Torrevieja son dos de los más eficientes de la Comunidad Valenciana y que suponen un ahorro sanitario público, registrándose índices de consecución de objetivos superiores al conjunto de los hospitales de la región.

En Torrevieja, la tasa de mortalidad para todas las edades y todas las causas por 100.000 habitantes ajustada a la población es de 822, por debajo de la media de la Comunidad Valenciana, que se situó en 911 en el año 2015.

Carlos Rus, presidente de ASPE, señala que "la eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas". Y defiende que "la colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación".