García Ortiz propone ascender a la fiscal de 'La Manada' a la Fiscalía Togada del Supremo tras anularse el nombramiento de Delgado

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto ascender a Isabel Rodríguez Mateo a fiscal de Sala Togada del Tribunal Supremo. La fiscal, que estuvo a cargo del juicio de La Manada, sustituirá a Dolores Delgado después de que el Tribunal Supremo anulara su nombramiento, propuesto por García Ortiz en un ejercicio de "desviación de poder".

La propuesta ha sido aprobada con los votos favorables de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de los miembros natos del Consejo Fiscal. Los miembros de la conservadora Asociación de Fiscales no han participado de la votación por entender que el Supremo, al anular el nombramiento de Delgado, no ordenó repetir la votación sino que mandó a García Ortiz presentar una nueva propuesta.

El vocal electo de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) tampoco ha participado porque su esposa figuraba en la lista de candidatos al cargo. La Fiscalía General del Estado ha destacado que la candidata propuesta, cuyo nombramiento formalizará el Consejo de Ministros, aporta "un gran conocimiento técnico y una sobresaliente visión de género".

Rodríguez Mateo ingresó en la carrera en 1985 y tuvo como primer destino la Fiscalía Provincial de Guipuzkoa. Entre 1998 y 2005 formó parte de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico de Drogas. Y después asumió el cargo de inspectora fiscal de la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, en 2011 comenzó a ejercer en el Tribunal Supremo. Pasó los primeros años en la sección de lo Social del alto tribunal y a partir de 2015 trabajó en la sección de lo Penal. Desde allí intervino en el juicio de La Manada, en el que su tesis fue avalada por el Supremo. Fuentes de la Fiscalía la describen como una "experta en recursos de casación".

"Desviación de poder" en el ascenso a Delgado

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo consideró en una sentencia de finales del año pasado que García Ortiz había incurrido en "desviación de poder" al proponer el ascenso de Delgado a fiscal de Sala Togada del alto tribunal.  Este duro varapalo no impidió que el Gobierno decidiera renovarlo en el cargo, pero propició que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado considerara por primera vez  que un candidato de Moncloa a este cargo no era "idóneo". 

Posteriormente, el Tribunal Supremo tuvo que resolver sobre una querella del Partido Popular según la cual el fiscal general del Estado había incurrido en prevaricación. "No cabe trasladar de forma automática la desviación de poder apreciada en sede contencioso-administrativa al ámbito penal del delito de prevaricación", indicó el auto elaborado por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. El razonamiento principal es que el delito de prevaricación requiere que se haya firmado una resolución, y el fiscal general no nombró a Delgado, sino que propuso su ascenso al Consejo de Ministros.

Este mes de mayo, el Tribunal Supremo volvió a propinar un varapalo al fiscal general, también relacionado con Dolores Delgado. El alto tribunal decidió anular esta vez la designación de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo adoptó esta decisión tras estudiar tres recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez —que fue candidato al mismo cargo— contra el nombramiento de Delgado al frente de Memoria Democrática, una categoría que además se creó poco tiempo antes de que la ex fiscal general fuera designada.

Los tres recursos reclamaban al Supremo que declarase la nulidad de este nombramiento y retrotrayera las actuaciones al momento anterior de la designación de Delgado. Los firmantes alegaban que la decisión no fue válida porque García Ortiz no dio opción al Consejo Fiscal a estudiar si incurría en causa de incompatibilidad, ya que la pareja de Delgado —el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón— dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.