El Supremo frustra a García Ortiz: no aparta a los magistrados que decidirán sobre su futuro y califica su petición de "endeble"

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) recurrió ante el Supremo el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. El recurso se admitió a trámite y quedó en manos de cinco magistrados, de los cuales cuatro habían acusado a García Ortiz de "desviación de poder" a finales de 2023. García Ortiz los recusó ante el Tribunal Supremo: alegó que no eran imparciales y por tanto no debían participar de la decisión. Pero el tribunal ha rechazado apartarlos porque la petición del fiscal general llegó fuera de plazo. Además, el Supremo considera que los argumentos de García Ortiz son "endebles" y de "escasa consistencia". 

Así se resume el último capítulo de la compleja situación por la que pasa el fiscal general del Estado, sumido en la controversia desde que ascendió a su antigua jefa -la ex fiscal general Dolores Delgado- a la máxima categoría de la carrera. Dolores Delgado, tras abandonar el Ministerio de Justicia y ser nombrada fiscal general al cabo de un mes, nombró como número dos a Álvaro García Ortiz. Él sería su sucesor cuando Dolores Delgado dejó el cargo, en 2022, a causa de un problema de salud. Y una vez nombrado fiscal general, el salamantino decidió ascender a fiscal de Sala a su exjefa, en contra del criterio del Consejo Fiscal (que en casi todos los aspectos es un órgano meramente consultivo).

El Supremo sentenció que la finalidad de aquel nombramiento era "asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor". A raíz de aquella sentencia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró que García Ortiz no era "idóneo" para renovar el cargo.

Como el nombramiento se ejecutó de todas formas, la APIF decidió recurrirlo ante el Tribunal Supremo. También a raíz de esta sentencia el Partido Popular presentó una querella contra el fiscal general indicando que aquella "desviación de poder" podría comportar un delito de prevaricación, algo que el Supremo rechazó. 

El fiscal general recusó a cuatro de los cinco magistrados del tribunal que debe decidir si acepta el recurso de APIF. Son Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero, todos ellos firmantes de la sentencia que lo acusaba de "desviación de poder". La APIF se opuso a la recusación planteada y la Abogacía del Estado no formuló alegaciones. Por su parte, los cuatro magistrados recusados en un informe conjunto señalaron que la recusación era "manifiestamente extemporánea".

El magistrado instructor del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha decidido no admitir a trámite la recusación por ser extemporánea, como habían indicado los recusados, y subraya en un auto dictado este miércoles que no hay necesidad de "examinar la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación que se propone". 

Sobre uno de los magistrados, José Luis Requero, el fiscal general explicó que debía ser apartado porque publicó un artículo periodístico tildando de "apesebrados" a la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional. Lo hizo, además, el mismo día en que se publicaba la sentencia que anuló el nombramiento de Delgado. El instructor señala que el fiscal no ha explicado en ningún momento "la relevancia o virtualidad" de ese artículo periodístico como sustento de la recusación. También en el caso de Requero la petición es extemporánea porque, como con el resto de magistrados, el fiscal "conocía su identidad desde que se produjo su personación", el 14 de marzo.