La ley de amnistía llega este jueves al final de su largo, tortuoso y polémico camino parlamentario. El Congreso debatirá una vez más el texto y, con toda probabilidad, derribará los vetos que aprobó hace un par de semanas el Senado, lo que implica que la norma será puesta en marcha de manera definitiva en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde entonces, los encausados y condenados por el procés podrían comenzar a ser amnistiados, pero este jueves comienza un segundo pulso, puesto que el Gobierno da por descontado que una parte de la judicatura tratará de buscar vías para evitar aplicar la ley.
El de este jueves será el último debate parlamentario de una iniciativa que ha sufrido una tramitación muy convulsa, y que incluso llegó a peligrar en febrero por desacuerdos entre PSOE y Junts sobre su alcance y su redacción. No obstante, el Gobierno y sus socios han conseguido superar todos los escollos para aprobar la norma y, aunque con toda probabilidad el texto será llevado ante el Tribunal Constitucional por la oposición, los socialistas han llegado incluso a presumir de que poner en marcha la amnistía ha apuntalado sus históricos resultados en las elecciones autonómicas de Cataluña, en las que el independentismo perdió la mayoría por primera vez desde 2012.
Aunque en las últimas semanas la amnistía ha perdido una parte de su presencia en el debate público, el debate de este jueves volverá a traerla al primer plano de la actualidad. Tras convocar el fin de semana pasado una manifestación contra la ley a la que, no obstante, acudió un número notablemente menor de personas que a anteriores convocatorias, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tomará la palabra este jueves para defender la "gravedad" de una amnistía que, aseguran los populares, acabará con la igualdad ante la ley de los españoles.
Fuentes del propio PP admiten que, hoy por hoy, la norma ya no supone un "desgaste" tan grande para el Gobierno como la investigación judicial a la esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pese a ello, Feijóo pidió hace unos días a Sánchez que no apruebe "semejante acto de indignidad política, moral y judicial", y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, afirmó este martes que "hay distintos mecanismos para actuar frente a ella: la vía jurisdiccional, la vía constitucional y, desde luego, la vía también de la presión social desde la calle".
Estas declaraciones, sin embargo, no preocupan al Gobierno, que considera que la ley está blindada ante el más que probable recurso del PP ante el Tribunal Constitucional. Lo que sí causa intranquilidad en el seno del Ejecutivo, confiesan algunas fuentes, es que algunos jueces puedan realizar "interpretaciones legal interesadas" para bloquear la aplicación de una norma que, a juicio del Gobierno, es "legítima" y perfectamente ajustada a derecho.
Estas fuentes apuntan, en este sentido, al correo electrónico que recibieron hace unos días todos los jueces españoles con una guía contra la amnistía, un texto que incluye dos formularios para que los magistrados puedan elevar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales contra la norma al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta guía fue enviada a través del servidor del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la elaboró la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, un grupo de jueces y juristas que aseguran defender la despolitización de ese poder.
Varias vías para congelar la amnistía
Y es que hay varios supuestos en los que la amnistía puede acabar paralizándose e incluso no aplicarse finalmente. Por un lado está la posibilidad de que un juez considere que la ley de amnistía puede entrar en conflicto con la Constitución española, en cuyo caso deberá trasladar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y no solo un juez puede acudir al tribunal de garantías: también pueden hacerlo, entre otros, los grupos parlamentarios con más de 50 diputados, como ya ha anunciado que hará el PP.
Cuando una norma es recurrida ante el Tribunal Constitucional o cuando un juez presenta una cuestión de inconstitucionalidad cabe la posibilidad de que el órgano de garantías adopte medidas cautelares, llegando a paralizar su aplicación hasta que el asunto quede zanjado. Sin embargo, la propia proposición de ley de amnistía trata de blindarse frente a este supuesto en su articulado, puesto que establece que "el carácter singular" de la norma "deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas".
Por otro lado, un juez puede dudar sobre el encaje de la ley de amnistía en el derecho europeo. Si esto ocurre, debe presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dirimirá sobre esta cuestión. Si este tribunal considera que una norma nacional es contraria a una normativa comunitaria, el juez tiene que dejar de aplicarla y atenerse a la interpretación del tribunal europeo. Y, según dicta la jurisprudencia de la UE, la causa correspondiente quedará en suspenso hasta que el tribunal europeo resuelva.
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