La Comunidad de Madrid llevará al Tribunal Constitucional (TC) de forma inmediata la ley de Amnistía que el Congreso de los Diputados aprueba este jueves. Así lo ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que el recurso de inconstitucionalidad se integrará en una ofensiva judicial más amplia del PP que estará coordinada por Alberto Núñez Feijóo y en la participarán otras autonomías gobernadas por la formación. "Vamos a dar esta batalla", ha señalado la líder madrileña.
La ley de Amnistía es una "iniciativa política nacional", según ha remarcado esta mañana la presidenta en una entrevista en EsRadio, y por ello ha considerado imperativo que "todas las comunidades del PP" actúen. De hecho, este jueves ha asegurado que esta estrategia se lleva hablando y trabajando desde hace un "tiempo". "Nosotros vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía (...) lo vamos a hacer, desde luego, ya mismo", ha incidido.
Desde del Ejecutivo madrileño han detallado que los planes son aprobar en el Consejo de Gobierno un encargo para que la Abogacía General de la Comunidad prepare el recurso. Este momento llegará una vez que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado y no antes de que lleguen al Tribunal de Justicia de la UE las primeras cuestiones prejudiciales que planteen los jueces y tribunales que tienen alguna causa afectada por la Amnistía. El de la Comunidad será un recurso estudiado al detalle porque los servicios jurídicos autonómicos ya vienen estudiando el texto desde hace algún tiempo, por indicación tanto de la presidenta como de su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.
Díaz Ayuso ha explicado que los recursos que se registrarán en el TC pretenden evitar que en España se "cree un Estado de privilegios para unos dirigentes" y que haya "comunidades autónomas y dirigentes que no están sometidos a la ley". "Desde Madrid queremos defender los intereses de todos los españoles, de todos los madrileños, porque creemos que tienen que ser iguales ante la ley", ha aseverado por su parte García Martín, que ha añadido que ese recurso también tendrá por objeto "defender también el Estado de Derecho y la separación de poderes".
La presidenta ha relacionado la inmediata interposición que pretende ejecutar con los plazos que maneja el Ejecutivo central y con el proceso de formación de gobierno en Cataluña. "Como intentan invertir los tiempos, manipulándolo todo, pretenden que la amnistía pase de tapadillo, que las negociaciones en Cataluña pasen de tapadillo", ha incidido. "No es lo que vamos a hacer desde los gobiernos del PP (...) el papel que está haciendo Núñez Feijóo en estos días es fundamental", ha destacado. "Los presidentes autonómicos, bajo la iniciativa de Núñez Feijoo, vamos a dar esta batalla", ha insistido.
La presidenta madrileña se ha referido a este jueves como "un día nefasto para la democracia española" y ha vuelto a referirse a la Amnistía como "la ley más corrupta desde hace décadas". "No conocemos algo igual, una ley por la que pretenden olvidar todo lo que sucedió en Cataluña en esos meses (de 2017) y en esos días", ha abundado Díaz Ayuso, "de manera totalitaria pretendían imponer una ilegal república", ha añadido sobre los líderes del procés.
"Pretenden hacer creer que esto es por la convivencia cuando tenemos testimonios de estas últimas horas, tanto de representantes de Esquerra como de Junts, asegurando que van a más", ha sostenido la jefa del Ejecutivo, que se ha mostrado convencida de que los partidos independentistas "pretenden seguir con el referéndum".
Preocupación por el bloqueo judicial
El Gobierno PSOE-Sumar ya cuenta con que la ley que salga este jueves del Congreso llegará al Constitucional, porque en la larga tramitación que ha tenido el texto esta es una intención que ya se ha adelantado en numerosas ocasiones. El pasado noviembre, por ejemplo, el presidente andaluz Juanma Moreno ya avanzó que la Junta llevaría la Amnistía al tribunal de garantías cuando finalmente se aprobara por la "quiebra social sin precedentes" que suponía.
El Ejecutivo no se ha mostrado preocupado en exceso por estos recursos al TC: consideran que la ley está blindada. Lo que sí causa intranquilidad, de acuerdo con algunas fuentes de la coalición, son lo que denominan "interpretaciones legales interesadas" que puedan realizar algunos jueces para bloquear la aplicación de la norma cuando esta se incorpore al cuerpo legal.
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