Un paso más en lo que se refiere al caso Koldo. La Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha anunciado este jueves que reclama asumir la investigación sobre la adquisición de mascarillas en España durante la pandemia de covid, que salpica directamente al que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García, así como a varias ministerios y a los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares. El caso tiene que ver con "un posible fraude relacionado con la adjudicación de contratos adjudicados por los servicios de Salud de Baleares y Canarias a una misma empresa para la adquisición de material sanitario, incluyendo mascarillas, durante la pandemia", recuerda la EPPO en un comunicado.

Desde la Fiscalía europea aseguran que se da este paso teniendo en cuenta "el elevado interés público" que suscita el asunto. "No se comunicarán más detalles en este momento. En la medida en que podamos compartir más información sobre esta investigación, lo haremos de forma proactiva", aclaran.

El objetivo, además, es, dicen, unificar todas las investigaciones. "La Fiscalía europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", resumen, en una decisión que se anuncia a solo diez días de que se celebren elecciones europeas y con este como uno de los temas clave de campaña en España.

Desde la EPP recalcan que son una institución independiente en la Unión Europea que es responsable de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la UE así como de otras infracciones penales indisociablemente vinculadas. Este caso se implica directamente bajo ese paraguas porque afectaría al uso de los fondos de recuperación aprobados a nivel de la UE en el año 2020, justo en lo más duro de la crisis sanitaria.

Una vez que la Fiscalía europea asuma el caso, siempre que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acepte la petición, este dejará de estar en manos de la Fiscalía General del Estado. Como el caso ya está en proceso judicial, será un tribunal quien deberá determinar qué entidad es la competente para continuar con la investigación. Esto, en teoría, solucionará uno de los problemas que Luxemburgo frecuentemente señala en su labor en España: cuando hay conflictos de competencias, la Fiscalía General del Estado decide, lo cual es problemático porque actúa como juez y parte, dado que jerárquicamente supervisa a la Fiscalía Anticorrupción, con quienes los fiscales europeos suelen tener estos conflictos.

No es la primera vez que la Fiscalía europea asume una asunto de este tipo en España: lo hizo hace unos meses con una parte del llamado caso Mediador, cuya trama consistía en ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, y también extorsionarlos a cambio de favores en inspecciones y ayudas europeas. Pasó algo similar con el caso que implicaba al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con otros contratos sobre mascarillas, aunque este acabó archivado.

La oficina de la Fiscalía europea en España tiene al mando a Ignacio de Lucas, nombrado en 2023 a propuesta precisamente del Gobierno de Pedro Sánchez. España, además, es un caso particular: la EPPO no asumiría el papel de la Fiscalía General del Estado, sino que asumiría el caso al completo, sustituyendo por tanto la labor del juez de la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que en caso de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no esté conforme con la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad del 'caso Koldo', se podrá plantear un conflicto de competencias que resolverá el Tribunal Supremo. Indican que, de hecho, Moreno tras recibir el derecho de avocación de Fiscalía Europea, ahora pedirá informe a la Fiscalía Anticorrupción al respecto y luego decidirá si plantea esa cuestión de competencia.

Cualquier sombra de duda sobre cómo gestionaron algunos Estados miembros la pandemia y el uso de los fondos de recuperación puede llevar a que la fórmula no se repita en el futuro o a que, si se hace, ya sea con la mosca detrás de la oreja. Y no será porque no hubo avisos. Ya en 2022, Europol y la OLAF (oficina europea para la lucha contra el fraude) alertaron de que el riesgo de fraude en lo relativo a los fondos europeos era "considerable".

Precisamente la OLAF investiga el fraude al presupuesto de la UE, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas y elabora la política de lucha contra el fraude para la Comisión Europea. El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE es una tarea común de la Unión y de los Estados miembros. Ya solamente eso lanza un aviso de cómo puede avanzar la investigación sobre el caso Koldo.

"Las investigaciones de la OLAF se pueden alargar durante meses", aclaran las fuentes consultadas, y esos avances "se tendrán que dar en colaboración" con las autoridades españolas, aunque quien recibirá las conclusiones que se saquen será también la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario es la 'pata' que en último término tomará decisiones sobre España.