España no es una excepción. El caso Koldo, del que la Fiscalía europea (EPPO por sus siglas en inglés) ha pedido asumir las investigaciones, copa ahora portadas, pero no es el único que implica un posible fraude de fondos europeos relacionados con la pandemia de covid-19. Rumanía, Lituania o Bélgica son otros ejemplos de países miembros de la UE en las que la EPPO ha 'sustituido' a las autoridades nacionales en mayor o en menor medida.
En noviembre de 2023, siguiendo una investigación de la Fiscalía Europea, el Tribunal de Distrito de Vilnius (capital de Lituania) condenó a seis personas y a una empresa por falsificación de documentos, gestión fraudulenta de cuentas y fraude de alto valor. Uno de los acusados, empresario, había solicitado en nombre de su empresa varios proyectos financiados por la UE relacionados con la promoción de pequeñas y medianas empresas. En el contexto de estos proyectos, él y sus socios comerciales recibieron financiación de la Unión para adquirir máquinas y equipos destinados a la producción de filtros y equipos de protección ante el covid-19.
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La investigación reveló que el empresario tenía un acuerdo con sus proveedores, que inflaron artificialmente los costes de los equipos falsificando documentos, como facturas. El empresario añadía estos documentos a los registros contables de las empresas, lo que hacía que en el balance de la empresa aparecieran unos gastos mayores, aumentando así el importe de la financiación recibida y enmascarando el beneficio financiero fraudulento. El tribunal concluyó que, en total, seis personas y una empresa estaban implicadas en estas actividades fraudulentas.
En mayo de este año esta vía se abrió en Rumanía. La oficina de la EPPO en Bucarest llevó a cabo cinco registros en la capital rumana, en el marco de una investigación sobre un fraude de 8 millones de euros con fondos de la UE para la adquisición de material médico durante la pandemia. Según la investigación, durante el periodo 2020-2022 se formó una red delictiva para manipular la contratación pública de mascarillas protectoras, desinfectantes y otros suministros médicos para hospitales, escuelas y otras instalaciones estatales municipales, con el fin de beneficiar a proveedores predeterminados, que se entiende formaban parte del esquema.
El suministro de los equipos médicos fue financiado por el programa Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-UE). Se calcula que las actividades documentadas hasta ahora en la investigación causaron un perjuicio de más de 8 millones de euros al presupuesto de la UE. La investigación continúa para determinar el alcance de las presuntas actividades delictivas y el perjuicio financiero global causado.
También este mismo año la oficina de Múnich y Colonia (Alemania) actuó contra una presunta organización delictiva, de la que se cree que orquestó un fraude masivo del IVA de 195 millones de euros mediante la venta de teléfonos inteligentes, pequeños dispositivos electrónicos y mascarillas protectoras. Durante la acción transnacional llevada a cabo ayer por la EPPO, bajo el grupo de investigación Midas, se realizaron más de 180 registros y se detuvo a 14 personas en 17 países (Albania, Austria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Alemania, Hungría, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido). Más de 680 investigadores fiscales y policiales apoyaron las medidas de investigación.
Esto también implicó a cuestiones relacionadas directamente con la pandemia. En 2020, se cree que los mismos organizadores de estas tramas de fraude del IVA entraron en el mercado de las mascarillas. Se cree que la empresa dirigida por los sospechosos las compró a un comerciante desaparecido y las canalizó a través de varias empresas tapón para ocultar su destino final. Sobre el papel, la empresa tenía su sede en Hong Kong, pero en realidad las mascarillas se encontraban en un almacén de Alemania, donde permanecieron hasta que el Ministerio Federal de Sanidad alemán las compró a la empresa supuestamente radicada en Hong Kong. Según la investigación, ni la empresa al principio de la cadena de suministro, ni la empresa con sede en Hong Kong, reembolsaron el IVA que habían recibido por la venta de las mascarillas al ministerio.
Ahora es el turno de España. Desde la Fiscalía europea aseguran que se da este paso teniendo en cuenta "el elevado interés público" que suscita el asunto. "No se comunicarán más detalles en este momento. En la medida en que podamos compartir más información sobre esta investigación, lo haremos de forma proactiva", aclaran.
El objetivo, además, es, dicen, unificar todas las investigaciones. "La Fiscalía europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", resumen, en una decisión que se anuncia a solo diez días de que se celebren elecciones europeas y con este como uno de los temas clave de campaña en España.
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