La Comunidad de Madrid está tramitando una reforma de la normativa que regula la actividad de portero de bares nocturnos y discotecas, técnicamente conocidos como controladores de acceso, tras casi 16 años en vigor. Los cambios inciden, principalmente, en dos aspectos: se reducen los requisitos para las renovaciones del carné habilitante y se incrementan las funciones de seguridad que pueden ejercer estos profesionales durante sus jornadas laborales.
El decreto que está en vías de reforma se aprobó a finales de 2008 para atender la "demanda social" que se desencadenó tras el asesinato de Álvaro Ussía, el joven de 18 años que murió a las puertas de una discoteca tras ser golpeado brutalmente por un portero del local. Pocos días después de los hechos, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya anunció que aceleraría la aprobación de la norma que regularía la profesión de controlador de acceso, un proyecto en el que el Ejecutivo afirmó que ya venía trabajando antes del suceso.
El decreto que validó el Consejo de Gobierno estableció, entre otros aspectos, que estos profesionales tendrían que llevar un distintivo visible que les acreditara como tales, que solo podrían ejercer labores de vigilancia -nunca de seguridad- y que obligatoriamente tendrían que pasar dos pruebas habilitantes. La primera era un test psicológico y la segunda una prueba de conocimientos con preguntas sobre la Constitución, los derechos fundamentales, el derecho de admisión, sobre medidas de seguridad o respecto al régimen jurídico de los menores de edad. Solo quienes superaran todos los requisitos obtendrían un carné profesional con cinco años de vigencia.
La reforma que está planteando el actual Ejecutivo regional mantiene la obligatoriedad de que toda persona que quiera obtener la credencial profesional de portero por primera deberá superar ambos exámenes, pero suprime la obligatoriedad de someterse a ellos a la hora de renovarla por periodos de cinco años. Cuando entre en vigor la modificación del decreto, para hacer la renovación solo será necesario acreditar la nacionalidad española o de alguno de los países que integran la Unión Europea, estar en posesión del permiso de residencia y trabajo correspondientes y carecer de antecedentes penales.
"La supresión de las pruebas psicológica y de conocimiento en la renovación de los certificados que habilitan para realizar la actividad responde a la necesidad de adecuación del procedimiento a la normativa sobre libre acceso de las actividades y servicios y su ejercicio", explican desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior sobre las razones que les han llevado a impulsar esta reforma normativa. Pero estos no son los únicos motivos, ya que las mismas fuentes mencionan también que les mueve "la simplificación del proceso, la disminución de costes para el interesado, que no tendrá que abonar la tasas por derechos de examen; y una reiterada demanda del sector".
De acuerdo con los datos facilitados por el departamento que dirige Carlos Novillo, desde 2009 hasta la actualidad se han celebrado 24 convocatorias de obtención y renovación de certificados en las que más de 8.000 personas han obtenido la capacitación para ejercer. El número de certificados en vigor, sin embargo, es hoy muy inferior: asciende a 1.482, según las mismas fuentes.
Estas cifras revelan que la mayoría de personas que consiguió en su día una acreditación para ejercer dejó de renovarla en algún momento. De hecho, en los últimos años se han sucedido noticias de baja asistencia a los exámenes, a pesar de esto se tradujese en la pérdida de la habilitación para trabajar.
Más atribuciones y controlados por sus empresas
"La necesidad de comprobar de manera periódica la adecuada situación psicológica y de conocimiento de los controladores en relación al nivel inicial del momento de obtención del certificado acreditativo, pasará a ser de la empresa", apuntan desde la Comunidad sobre el escenario que regirá cuando se materialice el cambio normativo que se está tramitando, que también otorga más atribuciones a estos profesionales.
Así las cosas, los responsables de los locales de ocio nocturno 'vigilarán' la adecuación de unos empleados que tendrán más atribuciones. Además, se trata en algunos casos de funciones directamente relacionadas con la seguridad, un ámbito que en el decreto de 2008 les quedaba vedado. "Es necesario actualizar algunas de las funciones del personal de control de accesos para permitir la adecuada cobertura de seguridad durante la entrada de los asistentes", apunta la memoria que acompaña la iniciativa del decreto. El mismo documento menciona que ve oportuno cambios encaminados a que los porteros "puedan adoptar medidas correctoras en caso de incidencias como negar el acceso o instar a abandonar el local a determinadas personas".
El decreto vigente obliga a los controladores a recurrir al personal de seguridad del local, si lo tiene, o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su defecto, para impedir el acceso a personas que incumplan las condiciones de admisión porque ellos no pueden denegarlo directamente. Con la modificación en trámite, se les facultará para que ellos mismos puedan negar el acceso o insten a abandonar el local si se da un incumplimiento de la normativa, aunque a la vez se mantiene la posibilidad de que llamen a la seguridad del local o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
"La modificación incrementa la eficacia de las medidas de control, así como la seguridad en el espectáculo o evento", defienden desde el Ejecutivo regional. Además, aseguran que se "refuerza" la participación de estos profesionales en los momentos de entrada y salida de público, "contribuyendo a evitar la acumulación de personas en el exterior y zonas de acceso en los recintos y situaciones de riesgo como avalanchas".
El proyecto para reformar el decreto autonómico que regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas está sometido a consulta pública en estos momentos y admite alegaciones hasta el 14 de junio. De momento no tiene fecha establecida de aprobación, pero es previsible que sea dentro de este año porque es una reforma que se solventa en el seno del ejecutivo, no es necesario llevar el texto a la Asamblea regional.
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