El poder legislativo, con la mayoría parlamentaria que apoyó la investidura de Pedro Sánchez, ha aprobado la ley de amnistía para los encausados del denominado “procés”. Es decir, todos los actos realizados durante años por distintos actores independentistas y sentenciados como delictivos, hasta desembocar en las llamadas “leyes de desconexión” de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, y la celebración de la consulta ilegal por la independencia del 1 de octubre.
Fueron días convulsos, que fracturaron a la sociedad catalana. Y los máximos responsables acabaron sentados en el banquillo, en el salón de plenos del Tribunal Supremo, en un juicio en verdad histórico, para responder a las acusaciones de desobediencia, malversación y rebelión. Con la transmisión en directo de las sesiones, se garantizó la transparencia. Todo el mundo, en Girona o en Sevilla, en Quebec o en Londres, pudo ser observador.
El final de esta historia turbulento es conocido: hubo penas de cárcel, que algunos condenados cumplieron hasta que el Gobierno los indultó; hubo –hay- prófugos, el más destacado de todos, Carles Puigdemont; hubo supresión y rebaja de delitos. Y llegó la amnistía, cuya constitucionalidad negaba Pedro Sánchez hasta que el 23 de julio por la noche constató que necesitaba los siete diputados de Junts para ser presidente de nuevo.
La amnistía, probablemente por esa manera de “encajarla con calzador”, ha hecho correr ríos de tinta y ha salido y sale mal parada en las encuestas de opinión. No hay mayoría social. Ya ha salido del Congreso convertida en ley y, en cumplimiento de la división de poderes, quedará en manos de los jueces.
Esta amnistía, por la razón concreta que la impulsó, nació viciada en origen, elaborada a conveniencia de sus beneficiados. Las próximas semanas y meses serán decisivos para saber si el texto era impecable, como mantiene el ministro Bolaños, o tiene deficiencias que complican su aplicación, y qué consecuencias tiene para nuestra democracia.
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