Del silencio absoluto a "la última palabra": García Ortiz, ante la amnistía que los fiscales del 'procés' descartan para Puigdemont

La tramitación de la ley de amnistía ha venido acompañada de un clima de máxima tensión en el Poder Judicial español. Asociaciones de jueces y fiscales, juristas de renombre y un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado desde hace más de cinco años han puesto el grito en el cielo con afirmaciones tan tajantes como que la amnistía es "arbitraria", "inconstitucional" e "inadmisible". Todo este tiempo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mantenido un silencio sepulcral. Pero ahora deberá fijar el criterio del Ministerio Público sobre la amnistía, que los fiscales del procés no ven aplicable a la supuesta malversación cometida por Carles Puigdemont.

En noviembre del año pasado, cuando los fiscales del Tribunal Supremo le reprocharon su silencio sobre las acusaciones de lawfare recogidas en el acuerdo de investidura, el fiscal general no se posicionó. Dijo que "siempre" estaría "al frente y en defensa de la carrera", pero se negó a hablar del lawfare por no querer convertirse en "un mero opinador de la actualidad". 

Finalmente, García Ortiz publicó un escrito mostrando su "apoyo y defensa" a "cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones". Pero cuando varios vocales del Consejo Fiscal le pidieron pronunciarse sobre la ley de amnistía, el fiscal rechazó hacerlo. García Ortiz entendió en aquel momento que excedía sus competencias hacer una valoración sobre una ley en trámite parlamentario, dado que podía condicionar a los fiscales que más adelante tuvieran que pronunciarse en una causa judicial. 

Lo explicó nítidamente en enero, durante su toma de posesión en el Supremo: "Nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad. No pretendo ser un comentarista de la actualidad política o judicial". 

Han pasado más de cuatro meses y la amnistía se aprobó el pasado jueves en Congreso de los Diputados para quedar reflejada negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado. Ha llegado el momento de que Álvaro García Ortiz, a quien muchos fiscales han puesto en cuestión durante los últimos meses, tome una posición. "El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica", explica el Estatuto de la institución. 

Con lo cual, los fiscales deberán adherirse a la postura de Álvaro García Ortiz. Por ello, el fiscal ha organizado una serie de reuniones previas a la adopción de este posicionamiento. Este jueves, los fiscales del procés le comunicaron que no están a favor de aplicar la amnistía a los delitos de malversación -es decir, a Carles Puigdemont-. Este viernes, el fiscal general se reunió con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, además de con otros fiscales del Tribunal de Cuentas y de Cataluña. El objetivo de estos encuentros, según ha detallado la Fiscalía General del Estado, es "coordinar la actuación de la institución en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias". 

Sea como sea, la última palabra en este órgano jerárquico la tiene el fiscal general del Estado. Y lo que ha de determinarse a través de su criterio es si la ley de amnistía es o no aplicable a cada caso relacionado con el procés. "Cuando se considere que es aplicable, la Fiscalía pedirá el archivo de la causa por sobreseimiento libre", explican fuentes fiscales a 20minutos.

Se puede dar el supuesto de que el fiscal general ejecute una orden con la que un fiscal no esté de acuerdo. Podría ocurrir, por ejemplo, que García Ortiz considere que la amnistía es aplicable a la malversación por la que está procesado Carles Puigdemont, a diferencia de lo que opinan los fiscales del procés. En este caso, el Estatuto del Ministerio Fiscal reserva un mecanismo de resolución del conflicto en su artículo 27. 

"Cuando un fiscal recibe una orden que considera improcedente o ilegal, pone en marcha el mecanismo de objeción", relatan las citadas fuentes. Lo primero que prevé el artículo 27 para un caso como este es que, cuando un fiscal "considere contraria a las leyes" o "estime improcedente"  una orden del fiscal general, deberá enviarle un "informe razonado" en el que se lo haga saber". Si esto no hace cambiar la postura de García Ortiz, el fiscal correspondiente podrá elevar el debate a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal del Supremo. 

La Junta llegará a una conclusión, pero si no coincide con la de García Ortiz, "será el fiscal general quien tenga la última palabra", tal y como explican fuentes fiscales. Sin embargo, si finalmente el Tribunal Supremo, en el caso de la aplicación de la amnistía a los condenados o investigados por el procés, acaba fallando en el sentido contrario al fiscal general "esto podría causar más desgaste para él".