La Comunidad de Madrid se pone seria con la financiación del transporte público. Desde bastante tiempo, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso viene censurando la aportación que realiza el Estado al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para el sostenimiento de la red: es de algo más de 126 millones de euros y lleva congelada desde 2011. Pero este viernes, se ha ido más allá de las críticas y se ha exigido una reunión con el Ministerio de Transportes de Óscar Puente para actualizar estos ingresos y adecuarlos a la situación actual.
Es una decisión que se ha tomado por unanimidad en el seno del Consejo de Administración del Consorcio Regional, que en paralelo ha dado el pistoletazo de salida a otra reclamación no menos importante para el Ejecutivo regional: se quiere más información y más precisa sobre la situación de Cercanías Madrid, con el objetivo de anticipar la respuesta de los medios de competencia autonómica (Metro, buses...) ante posibles incidencias u obras del mallado ferroviario. Además, Madrid ha vuelto a solicitar el cumplimiento del Plan 2018-2025 que aprobó el último Gobierno de Mariano Rajoy y que incluye una dotación de 5.000 millones de euros para la red de Cercanías madrileña.
"Creemos que se debe de actualizar debido al gran número de usuarios que en nuestra región utilizan el transporte público", ha señalado Jorge Rodrigo, consejero de Transportes, tras la reunión en la sede del Consorcio sobre los fondos que transfiere el Estado a la entidad que gestiona el transporte público en la región. El responsable autonómico ha detallado que esos 126 millones que se aportan desde hace años solo llegan a cubrir el 6% de todo el gasto anual en el que se incurre.
Es una cifra que en la Comunidad se tiene por del todo "insuficiente". Además, se considera que no ha lugar a la comparación si se enfrenta a la aportación que hace la Comunidad: este mismo viernes se ha aprobado una inversión de casi 1.460 millones correspondientes al ejercicio 2023. Es una cifra que supone que casi el 72,8% del gasto de sostenimiento del transporte público de la región recae en las arcas autonómicas.
En cualquier caso, este viernes desde la Comunidad no se ha detallado qué cantidad o porcentaje de actualización de la aportación del Estado darían como óptimo. Jorge Rodrigo se ha abierto a sentarse con el Gobierno central y negociar una nueva cuantía sobre datos objetivos como el número actual de usuarios del transporte y el crecimiento de la demanda que se ha materializado desde 2011.
En junio de 2023, tras las elecciones del 28-M pero aún con el anterior Ejecutivo autonómico, la Comunidad también exigió al Gobierno central que aumentara la aportación al Consorcio y entonces sí que se dieron cifras: se pidieron 38 millones adicionales a los 126. Además, entonces se censuró que mientras que la inversión estatal disminuía en Madrid, el Ministerio de Transportes "había incrementado su dotación para Barcelona, Valencia y Canarias".
Más datos de Cercanías
El aumento de la financiación no va a ser la única cuestión que le ponga sobre la mesa la Comunidad de Madrid al Estado en materia de transporte y movilidad públicas. Porque el Consorcio también ha aprobado este viernes el envío de un certificado oficial al Ministerio de Transportes para que se les remitan "datos precisos" sobre la red de Cercanías, de competencia estatal. El objetivo es "poder actuar" con previsión ante incidencias y "evitar" molestias a los pasajeros".
Jorge Rodrigo ha defendido que para la Comunidad es "urgente" conocer el plan de actuación que tiene el Gobierno central para este servicio "a corto y medio plazo". "Cada avería en esta red ferroviaria produce un trasvase de viajeros que obliga al Ejecutivo autonómico a reforzar sus medios propios", ha esgrimido el consejero madrileño para justificar esta petición de información, además de aseverar que en lo que va de año tienen contabilizadas unas 200 incidencias de Cercanías. Con los datos, incide la Comunidad, quieren "corregir" las alteraciones que se producen "con frecuencia" en este servicio esencial.
La información que se solicita es variopinta: desde datos sobre el estado de los trenes a los principales puntos conflictivos de la red pasando por las infraestructuras pendientes de actualizar. La Comunidad defiende que la "escasez" de información afecta "de manera severa" tanto a los ciudadanos como a la Administración regional, que asume costes -por ejemplo el refuerzo de Metro- cada vez que se produce una incidencia. Con más información, insisten desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se podrán adoptar las medidas de planificación necesarias y con un margen de tiempo suficiente.
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