La nueva norma de revisión de ascensores en España, que entrará en vigor el 1 de julio, afectará a cuatro de cada diez ascensores ya instalados en viviendas de todo el país. A partir de esa fecha, los ascensores que tengan que pasar una revisión deberán estar preparados para cumplir con los nuevos requisitos de seguridad. Dentro de este contexto, los presidentes de las comunidades jugarán un importante papel para que las revisiones se lleven a cabo correctamente.
Con esta normativa, lo que se pretende es implementar medidas de seguridad que actualmente ya incorporan los nuevos ascensores en los elevadores más antiguos para que así estén actualizados.
Entre los requisitos que se incluyen está, por ejemplo, la nivelación de los ascensores para limitar el desnivel entre el interior del mismo y la parte exterior, con el objetivo de evitar accidentes.
Desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas admitían esta semana que la nueva norma afectará a muchas comunidades de vecinos y que dependerá de la situación de cada una de ellas.
En cualquier caso, el BOE publicado en abril sobre la Instrucción Técnica Complementaria ITC responsabiliza al presidente de la comunidad de propietarios de un edificio de que el ascensor cumpla correctamente con los requisitos.
Además de velar por la tranquilidad y seguridad de los vecinos, la persona que ejerza la presidencia de la comunidad en el momento en que se lleven a cabo las revisiones o trabajos de mejora en los ascensores actuará como máximo representante de los propietarios del bloque de viviendas. El artículo 4 de la norma detalla las "obligaciones del titular" de un ascensor, al que previamente definen como "su propietario o propietaria", es decir, los vecinos del inmueble.
Entre otras tareas, deberá responsabilizarse de que se realizan las "revisiones y comprobaciones reglamentarias" en el ascensor del edificio, poner en conocimiento de la empresa encargada del mantenimiento de "cualquier deficiencia o abandono en relación con la debida conservación del ascensor", así como de cualquier accidente o anomalía en el funcionamiento.
También "tiene la obligación de conservar el registro de mantenimiento del ascensor" para poder entregarlo al órgano competente de la comunidad autónoma en el caso de que así se lo requiera, o bien para facilitarlo a la nueva empresa de mantenimiento si se produce algún cambio de compañía.
En el caso de que a algunos de los ascensores les falte alguno de los requisitos incluidos en la normativa, deberán solventarlo en el plazo previsto para ello, que dependerá del tipo de arreglo que sea necesario. Las comunidades de vecinos serán las que tendrán que correr con los gastos de estas actualizaciones, ya que no existen ayudas para ello.
El arco de precios para llevar a cabo las mejoras es muy amplio, según los expertos. Javier de Pedro, responsable de Marketing de la empresa de ascensores Duplex ha explicado a la agencia Efe, que el coste puede oscilar entre los 800 euros por una instalación sencilla de comunicación bidireccional hasta los 30.000 euros que puede costar el trabajo de una adaptación del contrapeso muy complicada.
La nueva norma afectará especialmente a los ascensores más antiguos que no hayan sido revisados recientemente. Se calcula que alrededor de unos 400.000 elevadores de los que hay en servicio en España tienen más de 30 años de funcionamiento.
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