El Pleno del Tribunal Constitucional se dispone a partir de este martes a avalar la reforma de la ley del aborto, que permite interrumpir el embarazo a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, así como la ley para la igualdad de trato y no discriminación, conocida como Ley Zerolo.
Fuentes jurídicas informan de que la ponencia de la magistrada Laura Diez plantea rechazar el recurso de Vox contra la reforma del aborto, una tesis que también aplica la magistrada María Luisa Segoviano con otro recurso de este mismo partido contra la Ley Zerolo.
Se tratan de dos asuntos relevantes cuyos borradores serán examinados por el pleno, que se presenta largo y complicado, en particular con el recurso contra la reforma de la ley del aborto, que ya dividió al tribunal hace justo un año cuando avaló la ley de plazos con los siete votos del bloque progresista frente a los cuatro del conservador.
Las fuentes anticipan que habrá debate en torno a la cuestión de la retirada del consentimiento paterno para abortar así como con la nueva regulación de la objeción de conciencia.
La reforma de la ley del aborto acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, un requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP y establece los hospitales públicos como centros de referencias para esta práctica.
Vox sostiene que la norma podría vulnerar diversos preceptos constitucionales como los principio de libertad, pluralidad y legalidad, así como los derechos a la igualdad, a la vida y a la libertad ideológica.
En cuanto a la Ley Zerolo, las fuentes auguran que el debate será algo menos intenso porque varios de los aspectos que impugna Vox han sido tratados ya por el tribunal en otros pronunciamientos.
La Ley Zerolo, aprobada en junio de 2022, define los distintos tipos de discriminación existentes y establece un régimen sancionador para todos ellos, así como la creación de una Autoridad Independiente.
Según la citada ley, la Autoridad es un "organismo independiente" que se encargará de garantizar la aplicación de la normativa, recibir quejas y reclamaciones de víctimas e impulsar la imposición de sanciones.
Es el Gobierno el que debe nombrar a la persona encargada y, según la ley, debería haberlo hecho como tarde seis meses después de su entrada en vigor, esto es, en diciembre de 2022.
No obstante, aun no se ha realizado el nombramiento, si bien la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo hace unas semanas que confía en que la autoridad independiente sea una realidad "en los próximos meses", sin dar más detalles.
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