El empleo tiene cada vez menos capacidad protectora frente a la pobreza. En España había, en 2023, cerca de 2,5 millones de personas trabajadoras que eran pobres. Dicho de otra forma: cerca de una de cada tres personas pobres tiene un trabajo remunerado (el 32%), según el último informe El Estado de la Pobreza en España de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
La investigación presentada este martes advierte de que un total de 12,7 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social en España; 400.000 personas más que hace un año. Revela, también, que factores como ser mujer, vivir de alquiler, tener hijos, un empleo precario o una discapacidad disparan las probabilidades de caer en esa situación de vulnerabilidad. Aunque también evidencia que la situación "sería peor" sin la "acción protectora" del Estado: la Red sostiene que las ayudas sociales consiguen evitar que 10,6 millones de personas entren en situación de `pobreza y 2,4 millones en pobreza severa; mientras que las las pensiones reducen el riesgo de pobreza en 16,4 puntos.
Con todo, hay todavía en España casi 10 millones de personas en riesgo de pobreza, es decir, que viven con menos de 916 euros al mes por unidad de consumo. Una precarización que, además, se mantiene feminizada: en 2023 había 5,1 millones de mujeres pobres, 300.000 más que hombres. Esta situación, según EAPN-ES, ha provocado que la tasa AROPE (de personas en riesgo de pobreza o exclusión social) pase del 26 al 26,5% en un año; debido sobre todo al encarecimiento de la vida, reflejado en ese indicador mediante el componente de privación material y social severa.
Una privación que se evidencia en el dato que muestra que el 27,1% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; o en que casi la mitad de la población (48,7%) presenta dificultades para llegar a fin de mes. ¿Los más afectados? Las familias con menores: la pobreza infantil ha pasado del 24,8 al 28,9% en un año, con 2,3 millones de niños y adolescentes en esta situación. La situación se agrava, además, en el caso de los hogares monomarentales: el 52,7% está en riesgo de pobreza y/o exclusión social (dos puntos más que en 2022), uno de cada cuatro no puede mantener la casa a una temperatura adecuada y más de la mitad no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
La crisis del alquiler
En esta última edición, la Red incluye un análisis de la relación entre pobreza y acceso a la vivienda, y concluye que el aumento de los precios, la escasez de alquileres asequibles y las dificultades para acceder a una propiedad "han creado una situación precaria para muchas personas, aumentando las desigualdades y contribuyendo a la persistencia de la exclusión social".
Concretamente, el informe señala que el precio medio del alquiler subió casi tres veces más que la renta por persona en 2023. Así, la tasa de pobreza entre quienes el año pasado vivían en un inmueble de alquiler a precio de mercado (33,1%) duplicó a la de quienes disponían de una vivienda en propiedad (15,8%). Lo mismo sucede en el sentido contrario: vivir en alquiler es más frecuente entre las personas en pobreza: una de cada tres personas pobres vive en una casa de alquiler (33,3% frente al 15,7% que no son pobres).
Además, los gastos asociados a la vivienda también lastan la recuperación de los hogares: los retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca son el triple entre las personas en situación de pobreza (25,2%); parecido a lo que sucede con los retrasos con el abono de suministros que, aunque la cifra ha mejorado, todavía afecta a una de cada cinco personas en pobreza.
Un año más, la pobreza energética alcanza máximos históricos por la subida de los precios: un 43,1% de las personas pobres tiene dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 28,5% cálida en invierno.
Medidas de reducción, no de contención
Ante esta situación, la Red emite una serie de reivindicaciones, como el aumento y la extensión de las políticas implementadas en los últimos años; el impulso de un Pacto de Estado contra la Pobreza; o la prórroga de las medidas del escudo social que caducan el próximo 30 de junio, especialmente las enfocadas a colectivos más vulnerables, como las rebajas del IVA de alimentos de primera necesidad, los descuentos del bono social o la prohibición del corte de suministros.
La entidad señala, además, que a este ritmo, y sin fortalecer una serie de medidas de apoyo social, nunca se llegará al objetivo marcado por la Agenda 2030 en términos de pobreza. A estas alturas, la tasa AROPE debería ser 5,5 puntos porcentuales más baja. Dicho de otra forma: 2,6 millones de personas deberían haber salido ya del riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2023.
"El aumento inflación está aumentando los previos de la vivienda, de la cesta de la compra de la energía, etc. Y provoca que el efecto de las políticas ya no sean de reducción de pobreza, sino de contención", ha aseverado la responsable de incidencia, Ruth Carabantes.
Comentarios