Los menores no podrán activar cajas de recompensa o loot boxes en los videojuegos. El nuevo anteproyecto de ley para la protección de menores de edad en entornos digitales -aprobada por el Consejo de Ministros de este martes en una primera vuelta- ha incorporado la regulación de un tipo de juego de azar que afecta especialmente a los menores de 18 años, al incluir la prohibición del acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa o su activación por parte de este colectivo. Recibida la luz verde del Gobierno, el texto pasará por una segunda vuelta en el mismo Consejo y después requerirá del apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
Las cajas de recompensas son un mecanismo aleatorio de premios utilizado por empresas de videojuegos para ofrecer un acceso exclusivo a ciertos contenidos a cambio de un pago. Desbloquear nuevos personajes, comprar aspectos inéditos o adquirir cartas virtuales con las que después jugar son solo algunos ejemplos de estas estrategias que funcionan con la lógica de las tragaperras y los salones de juego. Por ello, el Gobierno ha querido regularlas como lo que mantienen que son: "Un juego de azar".
Se trata de una práctica que cada vez afecta a edades más tempranas y que, además, está en continua expansión. El Ministerio de Consumo encabezado por Pablo Bustinduy (Sumar) revela que los menores son "los principales consumidores" de este tipo de productos y servicios y que casi un 24% de los jóvenes de entre 15 y 17 años adquirieron cajas botín en el último año, de ahí que esta cartera se haya unido a la de Juventud e Infancia, dirigida por la ministra Sira Rego (también de Sumar), para atajar un problema interseccional a ambos departamentos.
Es tal su importancia que la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados ya aprobó el pasado martes una proposición no de ley (PNL) de Sumar sobre la regulación de estas cajas de recompensa para instar al Gobierno a que regule el acceso de los menores. Lo hizo, de hecho, por 34 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.
¿Qué prohíbe (y qué no) el anteproyecto?
El artículo 5 del Anteproyecto dispone una prohibición general de acceso y activación de las loot boxes por parte de menores de edad. Sin embargo, la norma deja la puerta abierta a establecer excepciones en las que se flexibilice la restricción, siempre que se garantice la protección a la infancia.
La regulación se aplicará a aquellos mecanismos que reúnan estas tres características: un precio por la activación, la presencia del elemento del azar y el establecimiento de recompensas que puedan ser objeto de intercambio entre las personas usuarias o convertibles en moneda de curso legal.
El Ministerio de Consumo aclara que no todos los procesos interactivos de ocio que integren como elemento esencial el azar serán objeto de la regulación. Solo se vetará el acceso de menores a aquellos mecanismos que reúnan caracteres que puedan asimilarse "en mayor grado" a ciertos productos de juegos de azar.
El director general de Ordenación del Juego, del Ministerio de Consumo, Mikel Arana, cuenta a 20minutos que el anteproyecto es "la base" y, sobre ella, se especificará "cómo se desarrolla, articula, generaliza y verifica" el acceso de los menores a las loot boxes. Además, el responsable indica que la materia de las cajas de recompensa está "muy avanzada y en permanente evolución", por lo que se valorarán "nuevos modelos y fórmulas" que se adapten a los avances del sector.
¿Cómo se alcanzará su cumplimiento?
La prohibición se hará cumplir por medio de dos pilares principales: sanciones a las empresas de videojuegos que no prohíban la activación de las loot boxes por parte de los menores y el refuerzo de los métodos de verificación de identidad.
Arana detalla que las cuantías de las multas es un tema aún "por abordar". Sin embargo, cabe destacar que en 2022, el Ministerio de Consumo que entonces dirigía Alberto Garzón elaboró un anteproyecto de ley que incluía, entre otras medidas, sanciones que irían desde los 25.000 euros hasta los tres millones en los supuestos más graves, bajo la inspección de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
Sobre la exhaustividad de la verificación, la DGOJ trabaja en el diseño de un mecanismo propio para mejorar el control efectivo de la edad, pero también se valora integrar el mecanismo de verificación que proponen la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que se aplicará también a otros ámbitos como el de la pornografía.
Desde el Ministerio de Consumo sostienen que con este avance España "liderará la regulación" de las cajas botín y protegerá a los menores de unos mecanismos que "se asemejan al juego y específicamente a las máquinas tragaperras".
¿Por qué los menores son los más vulnerables?
Existe una vulnerabilidad biológica en los menores que los convierte en los principales consumidores de loot boxes. José Antonio Tamayo Hernández, psicólogo sanitario de Activa Psicología, cuenta a este diario que "la falta de maduración completa de la corteza prefrontal de su cerebro, aún en desarrollo, los hace más propensos a la impulsividad y a tomar decisiones sin considerar completamente las consecuencias a largo plazo".
Tamayo añade que los jóvenes menores de edad suelen tener una "percepción limitada del riesgo y de la probabilidad", así como una "falta de conciencia de la gravedad del gasto" que los lleva a perder su dinero -sin ser conscientes- en estos mecanismos aleatorios.
Los menores también son perfiles más influenciables a aquellos elementos que animan a acceder a las cajas de recompensa, como puede ser la publicidad, y el estímulo que reciben al obtenerlas es mayor en esas edades: "Pueden ser más susceptibles a la emoción de la recompensa aleatoria".
Con esta regulación, se blindará el acceso de los menores a las cajas de recompensa, aunque siguen quedando pasos por dar en esta materia. El Ministerio de Consumo persigue que se establezca una serie de garantías para el resto de jugadores y que se obligue a las empresas de videojuegos a ser transparentes con los procedimientos utilizados detrás de esta práctica. En definitiva, que el vacío legal en torno a esta práctica llegue a su fin.
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