El Gobierno ha arrancado ya su plan para prevenir y atajar los efectos nocivos de las tecnologías en los niños y adolescentes. Una estrategia que da su pistoletazo de salida este martes con la aprobación del anteproyecto de ley de protección a menores en el ámbito digital, pero que se irá complementando con otras medidas y acciones en los próximos meses. La norma ya fue anunciada en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha sido elaborada según las recomendaciones del grupo de 50 expertos que fue designado por el Ejecutivo para este propósito.
En definitiva, se trata, según ha asegurado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, de una ley "que apela y responde a una inquietud que compartimos la práctica totalidad de la ciudadanía de este país". La norma, que ha sido ratificada este martes en primera vuelta en Consejo de Ministros y que todavía deberá recibir un segundo visto bueno antes de iniciar su tramitación parlamentaria a la vuelta del verano, es la primera fase de ese plan al que se comprometió el Ejecutivo hace unos meses. Es, insisten desde el Ministerio de Juventud e Infancia —impulsor de la norma— "un punto de partida, no un lugar de llegada".
De este modo, todas las medidas recogidas en el anteproyecto se complementarán con otras acciones de sensibilización y concienciación; así como con una herramienta para verificar la edad en páginas web con contenidos para adultos; y una estrategia nacional que prevén aprobar en octubre.
Ahora bien, en este primer paso irán medidas igualmente importantes, como una orden de alejamiento online; una reforma del Código Penal para castigar las ultrafalsificaciones o el grooming; test sanitarios para detectar adicciones o comportamientos nocivos en el ámbito digital entre menores; y la obligación de que todos los dispositivos tecnológicos cuenten, por defecto, con un sistema de control parental, entre otras medidas.
Orden de alejamiento virtual
La ley reforma varios puntos del Código Penal, entre ellos el artículo 39, para incluir una orden de alejamiento online, de tal manera que el agresor no pueda contactar con la víctima por redes sociales o mensajería instantánea. La iniciativa establece también inhabilitaciones especiales para desarrollar actividades en espacios virtuales.
Penalización de los 'deep fakes' y el 'grooming'
Por otro lado, el anteproyecto tipifica como delitos los deepfakes pornográficos (o ultrafalsificaciones), esto es, la difusión sin consentimiento de imágenes o audios generados por Inteligencia Artificial o tecnologías similares. Se trata de una medida que nace para adaptar el marco legal existente a las nuevas modalidades delictivas, que ya están afectando a los menores, como se demostró en el caso de las decenas de víctimas menores de los falsos desnudos generados con IA en el municipio extremeño de Almendralejo.
También se tipificará como delito el grooming, que es el engaño en línea a menores utilizando identidades falsas, falsificando la edad, el género o cualquier característica para poder acabar delinquiendo contra la libertad sexual del menor. Y, en esa línea, se castigará igualmente la difusión de material pornográfico a menores, "evitando conductas que hoy están impunes", tal y como ha subrayado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Control parental y más edad para redes sociales
En cuanto a las obligaciones para las tecnológicas, la futura ley establece que todos los dispositivos tecnológicos (móviles, tabletas, ordenadores, televisiones, etc.) que se fabriquen desde su entrada en vigor deberán contar, por defecto, con sistemas de control parental que se puedan activar nada más encenderse. La norma eleva también la edad mínima a la que se pude dar consentimiento al tratamiento de datos personales: de los 14 años actuales a los 16; algo que repercutirá también, por tanto, en la edad mínima permitida para crearse un perfil en redes sociales.
Asimismo, la ley prohíbe el acceso de los menores a mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas —conocidos como loot boxes— y obliga a las plataformas de intercambio de vídeos a facilitar canales de denuncias y a los influencers a avisar "de forma inequívoca" si el contenido que están difundiendo es potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de los niños y adolescentes.
Tests sanitarios para detectar adicciones
En la ley hay también un bloque de medidas que prevé la detección precoz, la prevención y la atención especializada desde el ámbito sanitario, de tal forma que los médicos de cabecera puedan identificar en los menores las patologías asociadas al uso inadecuado de dispositivos tecnológicos. "Estamos comprobando que estas adicciones son cada vez más frecuentes", ha aseverado Bolaños, quien también ha avanzado la creación de centros especializados de salud mental para afrontar esas patologías.
Alfabetización digital en las aulas
Y, ya en el ámbito educativo, el documento recoge planes de formación específica, tanto para profesores como para los propios alumnos, en educación en ciudadanía digital y alfabetización mediática, privacidad y propiedad intelectual o la protección de datos y los riesgos asociados a las redes sociales. Se trata, en conclusión, de una serie de medidas de alfabetización digital y mediática, para que se incluya en el itinerario curricular de todas las etapas educativas, desde las edades más tempranas.
Por hacer: herramientas de verificación de edad
En paralelo, el Ministerio para la Transformación Digital lleva meses elaborando un sistema de verificación de la edad junto a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con quienes espera tener definidos en los próximos meses un sistema fiable, eficaz, que no vulnere el derecho a la intimidad de los usuarios. Este tendrá, por tanto, su propio marco jurídico, y será un pilar más dentro de esa estrategia impulsada por el Gobierno para fortalecer la protección de los menores de edad en el ámbito digital y, en concreto, en páginas web no adecuadas para los menores de 18 años, como las pornográficas o las de apuestas.
Informe de diagnóstico en junio
El anteproyecto de ley irá también acompañado por un diagnóstico realizado por ese grupo de 50 expertos que presentarán el próximo 20 de junio y el cual revela igualmente que —según un informe de Unicef— casi la mitad de los adolescentes usa internet más de cinco horas al día los fines de semana; y un 31,6% hace ese mismo uso entre semana. Asimismo, prácticamente todos los adolescentes (98,5%) está registrado en alguna red social; y hasta un 83,5% lo está en tres o más.
Una estrategia nacional para otoño
Ya para la vuelta del verano, en octubre, el Ejecutivo tiene previsto tener definida una estrategia nacional de protección de los menores en el ámbito digital, en la que se recojan estas medidas y otras que hayan detectado como necesarias. La estrategia, según ha explicado Bolaños, se irá revisando cada tres años, para que pueda actualizarse "a los riesgos que se vayan conociendo durante su implementación".
Comentarios