Andalucía inicia los trámites para recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional

"Es el momento de reaccionar de manera democrática, serena y útil". Así ha anunciado la Junta de Andalucía el inicio de los trámites para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de amnistía que el Gobierno central aprobó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, al considerar que se trata de una norma "injusta y claramente inconstitucional". Un documento en el que los servicios jurídicos del Ejecutivo andaluz llevan tiempo trabajando y que el propio presidente, Juanma Moreno, ya anunció el mismo jueves que se interpondría cuanto antes.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha detallado los cinco principios básicos que, según los servicios jurídicos de la Junta, vulnera esta ley, que el consejero ha calificado como "veneno", por lo que desde el Gobierno andaluz "seremos contundentes y determinantes". La Junta, ha matizado Sanz, reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el ejercicio de la potestad legislativa, pero esta "tiene sus límites", debiendo "ejercerse de manera que no vulnere la Constitución Española ni suponga una reforma encubierta de la misma". 

Los cinco derechos que a juicio de la Junta se vulneran con esta norma son, en primer lugar, la separación de poderes, al existir una "clara intromisión" del legislativo en el judicial, que "alcanza a procedimientos judiciales vivos o incluso pendientes de incoación". También el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley, al establecer, detalla la Junta, que por unos mismos hechos ilícitos y en el mismo ámbito temporal, "unos españoles deberán responder mientras otros quedan exonerados de cualquier responsabilidad".

En tercer lugar, la norma vulnera la seguridad jurídica, al "quebrar la confianza" de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y al "abrir un espacio de impunidad" en el que "solo para determinados ciudadanos no se aplican las leyes". El cuarto derecho es el de las víctimas a la tutela judicial efectiva, señalando la Junta como perjudicados a los poderes públicos cuando el delito amnistiado es el de la malversación de fondos, o los agentes de la Policía Nacional.

Por último, se apunta a "interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" al considerarse esta ley "arbitraria e injusta" porque "su única finalidad es servir a intereses políticos" de los grupos que la han apoyado.

La Junta, que espera presentar el recurso a la mayor "brevedad" posible, tiene un plazo máximo de tres meses para interponerlo una vez que la norma, que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entre en vigor. Si bien desde el Gobierno central no han aclarado si esto ocurrirá antes o después de las elecciones europeas de este 9 de junio. Asimismo, el consejero ha puntualizado que la Junta no puede pedir la suspensión cautelar de la ley porque las comunidades no tienen esa capacidad en recursos de este tipo. 

Sanz ha concretado también que esta es una "iniciativa propia" de Andalucía, "en defensa de los intereses de los andaluces que se puedan ver perjudicados por esta ley", de forma que no se ha hecho en coordinación con otras regiones. "Cada comunidad tomará la decisión que considere", ha señalado Sanz.

Otros recursos

En todo caso, Andalucía no es la única comunidad que va a recurrir la ley de amnistía. Lo harán también otras gobernadas por el PP, según anunciaron ya sus respectivos presidentes, como la Comunidad de Madrid, que ya manifestó que en cuanto se publicara la ley en el BOE se llevaría al Consejo de Gobierno el encargo de preparar el recurso; la Comunidad Valenciana, que ya tiene preparado el recurso; Castilla y León, que también afirmó que acudirá a los tribunales, al igual que Murcia y Aragón. Lo estudian igualmente otras regiones gobernadas por el PP, como Cantabria, Extremadura y La Rioja, así como Canarias (gobernada por CC con vicepresidencia del PP).

También ha iniciado los trámites para recurrir la ley el presidente socialista de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, al considerar que la ley es "una agresión al concepto de igualdad".