Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, declarará en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el próximo 5 de julio a las 10.00 horas. Así lo ha decidido el juez instructor a cargo de la causa, Juan Carlos Peinado, apenas 50 días después de incoar las primeras diligencias a raíz de una querella presentada por la organización Manos Limpias, del ultraderechista Miguel Bernad. Desde aquel 16 de abril se han personado en la causa Vox y el partido Regeneración Política de España, además de la ICAM. Y Juan Carlos Peinado ha acordado la citación de cinco testigos.
La investigación ha levantado un gran polvorín dentro y fuera de los juzgados de Plaza de Castilla. En el plano político, las reacciones han ido desde los cinco días de reflexión durante los que Pedro Sánchez amagó con dimitir y tras los que emprendió una campaña contra el "fango" mediático y judicial, hasta los ataques del PP y Vox.
"Cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación judicial", ha sentenciado el portavoz popular, Borja Semper, tras conocer la noticia. Tras la citación, Sánchez ha publicado una segunda carta a la ciudadanía en la que tilda de "extraño" que la decisión del juez llegue tan cerca de las elecciones europeas.
En el plano judicial, la instrucción se ha desarrollado entre reproches continuos de la Fiscalía al juez, y viceversa. La Fiscalía Provincial de Madrid consideró desde el principio que la investigación de Peinado era "prospectiva" y, al basarse en "meras hipótesis o en la pura y simple sospechas", debía archivarse. Paralelamente, el juez Juan Carlos Peinado se ha mostrado verdaderamente irritado con la actuación del Ministerio Fiscal y ha llegado a denunciar en un auto "las inusuales visitas" del fiscal a cargo del caso y su "insistencia en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones".
La Audiencia Provincial de Madrid tomó parte en la disputa al desestimar un recurso de la Fiscalía y avalar la investigación del instructor, que ha apreciado indicio de dos presuntos delitos cometidos por la esposa de Sánchez.
¿De qué delitos se acusa a Begoña Gómez?
Tráfico de influencias y corrupción privada. Estos son los dos delitos que el juez de Madrid decidió investigar tras apreciar indicios en la querella que presentó Manos Limpias. Tras un mes y medio de pesquisas, incluyendo la elaboración de un informe de la UCO y la recopilación de contratos, el juez considera que ha llegado el momento de llamar a declarar a Gómez para que ofrezca su versión.
El tráfico de influencias es un delito que viene recogido en cuatro artículos del Código Penal, del 428 al 431. La conducta de Begoña Gómez podría encuadrarse, según Peinado, en el artículo 429, que castiga al "particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero".
El delito de corrupción privada, por otro lado, se regula en el artículo 286 bis del Código Penal. Entre otros, el delito castiga a quien "prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales".
¿Qué hechos se investigan?
La investigación gira por el momento en torno a dos cuestiones separadas. Por un lado, la relación de Begoña Gómez con Globalia, la empresa propietaria de Air Europa-, en plena pandemia, cuando el Gobierno rescató a la aerolínea con 475 millones de euros. Y en segundo lugar, la relación de Gómez con el empresario Carlos Barrabés, que presentó cartas de recomendación de la esposa de Sánchez en un concurso público de Red.es y resultó adjudicatario de tres contratos, un total de 10.607.203,33 euros.
La investigación más extensa de estos asuntos viene recogida en el informe de 114 páginas que el juez encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El documento relaciona a Globalia con Begoña Gómez a través de Wakalua, una mercantil dependiente del holding que en enero de 2020 firmó un acuerdo con IE Africa Center, dirigido por la empresaria.
El pacto, impulsado "para la celebración de diversos actos relacionados con la innovación en el sector turístico", preveía el desembolso de 40.000 euros al año por parte de Wakalua, pero la pandemia impidió su desarrollo. La empresa solo pagó 1.726 euros para costear los billetes de avión de los ponentes de un evento celebrado en Londres. Aún así, el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, coincidió con Gómez en dos eventos en enero de 2020. Analizados estos hechos, la Guardia Civil concluye en su informe que no existe constancia "de que pudieran estar vinculados" al rescate de Air Europa por parte del Gobierno.
Sobre Carlos Barrabés, la Guardia Civil constata que el empresario figuraba en el claustro de expertos de uno de los masters de Begoña Gómez en la Complutense. Además, "colaboró en la divulgación y promoción del máster", dedicado a la Transformación Social Competitiva. Dada esta relación laboral, Gómez se prestó a firmar dos cartas de recomendación para la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Innova Next SLU -empresa de Barrabés- con The Valley Digital Bussines School. Estas dos cartas de recomendación formaron parte de la candidatura de la UTE a dos contratos de Red.es que, junto a un tercero, superaban los 10 millones de euros.
La UCO no aprecia indicios de que los expedientes de la UTE "se hubieran valorado de forma distinta" a otros "en lo que a los criterios dependientes del juicio de valor se refiere". Además, no encontró ninguna vinculación entre Gómez y David Cierco y Luis Prieto, que participaron desde Red.es en la adjudicación. La Audiencia Provincial de Madrid, cuando desestimó el recurso de la Fiscalía, indicó que la parte de la querella de Manos Limpias referida a Globalia se basa en "una simple conjetura". Y sin embargo añadió que en relación a las cartas de Begoña aparecían "datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación".
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