El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha propuesto por carta a las comunidades autónomas que se hagan cargo en rutas propias del 83% de las paradas de autobús interurbano debido a que forman parte de líneas que solo discurren por sus respectivos territorios, que en muchas ocasiones tienen muy poca demanda y que alargan excesivamente los tiempos de viaje de las líneas de larga distancia y entre distintas autonomías, que sí quiere que sigan siendo de competencia estatal.
La transferencia de la responsabilidad sobre estas paradas -unas 3.832 de las 4.405, según datos de Transportes de 2022- es uno de los elementos que Puente ha planteado a los gobiernos autonómicos para actualizar el mapa concesional de líneas de autobús, en un nuevo intento por parte del Gobierno central de ordenar las existentes y seguir gestionando las que tienen más demanda y recorridos más largos entre varias comunidades. Se trata de una criba para que el Estado siga haciéndose cargo -mediante concesiones a empresas privadas- de líneas de autobús que conecten de forma más directa las grandes poblaciones de la que Transportes ha informado a los gobiernos autonómicos a través de cartas tras una ronda de reuniones bilaterales que ya se han celebrado con Asturias, Aragón, Galicia, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid y que continuarán a lo largo de este mes de junio.
El Ministerio defiende que con esta "reorganización" del mapa concesional seguirán bajo su competencia las rutas más largas, con más demanda y que unan distintas comunidades, con lo que se conseguirá reducir las tarifas una media del 20% y los tiempos de viaje, en un 30%.
Para ello, considera que el 83% de las paradas que existen en la actualidad deberían ser gestionadas por las comunidades autónomas, porque son recorridos que no salen de sus territorios y que, en muchos casos, apenas tienen demanda. Según el Ministerio, casi un tercio de estas paradas no tienen ningún pasajero que viaje entre dos comunidades y el 77% solo tienen "uno o menos al día".
De 40 a 25 millones
Transportes asegura que "el principio esencial" de esta remodelación de rutas de autobús interurbano es "que ningún ciudadano pierda sus actuales oportunidades de viaje" y propone que las comunidades "asuman las rutas o paradas". Para ello, ofrece transferirles 25 millones en subvenciones directas a las que las comunidades podrán sumar otros 15 millones de ingresos por estos servicios. En total, las dos cantidades suman 40 millones de euros, pero no todos serán en subvenciones, como pareció indicar hace unos meses el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, durante una comparecencia en el Congreso, en la primera cifra que ofreció el ministerio para el nuevo mapa concesional de autobús.
Puente persigue que el nuevo mapa de líneas de autocar esté formado por líneas de larga distancia, que unan grandes núcleos de población y de las que queden suprimidas muchas paradas en las que apenas se suben o bajan pasajeros, que considera que podrían suplirse por líneas autonómicas para evitar rutas con un excesivo número de paradas que "penalizan" a los ciudadanos que emprenden viajes más largos.
Según el Ministerio, de esta forma, por ejemplo, un recorrido Guadalajara-Soria se acortaría en una hora y dos minutos; un Ciudad Real-Valencia, una hora y 33 minutos; o un Salamanca-Cádiz, una hora y 22 minutos.
Primeras críticas desde Extremadura
Para conseguir esta "reorganización", Transportes negocia dos cuestiones con las comunidades en las reuniones bilaterales que ya está celebrando, que completen las redes de transportes para que aseguren las conexiones que quedarán afectadas cuando el Ministerio deje de hacerse cargo de las paradas intracomunitarias y la transición "ordenada y coordinada" en cada autonomía al nuevo mapa concesional que también deberán elaborar los gobiernos autonómicos.
La reordenación de las rutas de autocar ya fue motivo de polémica en el primer intento que hizo hace dos años la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, cuando no se llegó a especificar el montante de la compensación que recibirían las comunidades por hacerse cargo de 54 de las 79 líneas de gestión estatal. Todo apunta a que volverá a serlo en esta ocasión. Este lunes surgieron las primeras críticas públicas al planteamiento de Puente desde Extremadura. A la espera de su reunión bilateral, su consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, calificó la propuestas de Puente de "atropello" en una rueda de prensa convocada para comentarla, en la que le reclamó que convoque la Conferencia Sectorial de Transporte para negociar con todas las las comunidades a la vez en lugar de estar celebrando reuniones bilaterales.
Según dijo Martín Castizo, Extremadura considera un "desatino" y "rechaza de plano" una propuesta que afectaría "de forma total o parcial" a 164 municipios esta comunidad, donde viven "más de 800.000 ciudadanos", el 75% de la población. De ellos, dijo, 126 sufrirían la supresión total del servicio y otros 38 de forma parcial.
"No vamos a permitir este recorte al que pretenden someternos y por ello creemos que la mejor opción es ir todos juntos de la mano", advirtió el consejero, que ha convocado para este jueves una reunión con los alcaldes afectados para "juntos de la mano" a intentar que el Ministerio "dé marcha atrás".
Pidió a Puente que "saque algo de tiempo entre tuit y tuit" para "tirar a la basura" la propuesta y se siente a "hablar y negociar" otra "seria y decente" que no deje a los extremeños "abandonados y aislados", informó Europa Press.
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