Borja Villacís estaba siendo imputado antes de su muerte en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales a gran escala en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. En el marco de esta investigación, el hermano Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid, promovió una denuncia por revelaciones contra un guardia civil que participó en la investigación de aquel caso. El agente fue grabado confesando a una mujer haber usado balizas ilegales. "Soy el más ilegal de los ilegales", le dijo.
La mujer era amiga de Borja Villacís y, a su vez, tenía una relación con el sargento primero de la Guardia Civil, S.B., que investigaba el caso. Ella decidió comentarle a Villacís las prácticas ilegales que el agente le había reconocido haber cometido -en una conversación que ella grabó- y, al conocer esta información, Villacís decidió denunciar las revelaciones ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso de narcotráfico por el que estaba imputado, conocido como Águila Frazen.
Lo hizo hace casi un año, el 20 de junio de 2023, a través de un escrito en el que su abogado explicaba que, debido "a una casualidad inesperada", la citada mujer era "amiga personal" de Villacís y de este modo "llegó a conocer que las prácticas ilegales de las que le hablaba" el agente "en la intimidad afectaban a su amigo [Villacís] y a ciertas personas de su entorno".
"Lo puso en conocimiento de su amigo y le manifestó su voluntad de colaborar"
Tras conocer este hecho, prosigue el escrito, la mujer "lo puso en conocimiento de su amigo y le manifestó su voluntad de colaborar en cuánto fuera necesario con esta investigación". De hecho, Villacís le pidió a Pedraz que citara a la chica como testigo protegido, además de aportar las grabaciones que ésta realizó.
En esas grabaciones, dice el escrito, se apreciaba "la absoluta falta de imparcialidad con la que está siendo conducida esta investigación policial, impulsada contra algunos de los investigados exclusivamente por motivos de animadversión personal que desconocemos", se quejaba el letrado de Villacís.
La citación de la mujer
Pedraz dio traslado de este escrito y de las grabaciones a la Fiscalía Antidroga, que de primeras se opuso a que se citara a la mujer a declarar, "y mucho menos como testigo protegido".
"Lo cierto es que no se justifica la razón por la que se hicieron las supuestas grabaciones, ni por qué no se denunciaron los hechos más que a raíz de su amistad con Borja Villacís, lo que da poca credibilidad a dicha persona, por lo que el Fiscal no estima indispensable esta prueba" indicó la Fiscalía en su informe, al que tuvo acceso EFE.
Pedraz sin embargo la citó finalmente y la mujer ratificó el contenido de esas grabaciones y explicó en qué lugares se produjeron los encuentros con este guardia civil.
Una relación trampa
Para conocer su versión, el magistrado también llamó a declarar como investigado al brigada, quien en su comparecencia sostuvo que su relación con ella era en realidad una trampa que él le tendió para tratar de desenmarcararla porque sospechaba que era un "topo" de la organización investigada.
No obstante, reconoció que en ningún momento comunicó esta estrategia a su superior por no estar completamente seguro de sus sospechas y que siguió por su cuenta contándole a la mujer esas prácticas irregulares para ganarse su confianza.
Admitió así que mantuvo varios encuentros con ella, y si bien en un principio no reveló que uno de ellos se produjo en un hotel, ante la insistencia en esa pregunta, terminó reconociendo que estuvieron conversando unas horas en un establecimiento hotelero de la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid.
Para conocer con exactitud el tiempo que estuvo la pareja en el hotel, Pedraz pidió información "acerca del método de pago" de la habitación en la que la que se habría alojado la pareja entre la "tarde-noche" y la madrugada del 21 al 22 de abril de 2020. En aquellos datos quedó constancia de que la reserva del hotel y el pago de la habitación, 102 euros, corrió a cargo del brigada.
Vulneración de garantías constitucionales
Tras practicar todas estas diligencias, Pedraz decidió el pasado octubre remitirlas a los juzgados de instrucción de Madrid en Plaza de Castilla al considerar que la Audiencia Nacional no era competente para investigar este tipo de delito.
Según el magistrado, los hechos denunciados por Villacís serían constitutivos de un delito del artículo 536 del Código Penal, que penaliza la utilización de artificios técnicos con vulneración de las garantías constitucionales y legales por parte de funcionario público.
El hermano de la exvicealcaldesa de Madrid y exdirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, asesinado a tiros este martes en un supuesto ajuste de cuentas, estaba siendo investigado desde 2021 por narcotráfico y blanqueo a raíz de la operación Águila-Frazen, en la que también fue detenido Antonio Menéndez, Niño Skin, líder de ultra sur.
En esa operación fueron intervenidos 239 kilos de cocaína, 754 gramos de resina de hachís, 697.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, y también uniformes policiales y elementos luminosos para actuar como "policías ful" (falsos).
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