La ley que permitirá la transformación de suelo destinado a oficinas en pisos de alquiler a precio asequible en la Comunidad de Madrid se podrá aplicar este mismo mes. El Ejecutivo de Isabel Díaz ha dado visto bueno este miércoles al proyecto de ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida y lo remite ahora a la Asamblea, donde será tramitado por el procedimiento de lectura única, un mecanismo exprés que permitirá aprobar el texto este mismo mes, en el último de los tres plenos que restan antes del final del periodo de sesiones actual.
"Esperamos que pueda entrar en vigor de manera inmediata y adquirir eficacia este mismo mes de junio", ha señalado Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El portavoz ha reiterado que el objetivo que persigue el Ejecutivo con esta normativa es "aumentar" el parque de vivienda para facilitar así su acceso a los madrileños.
Las estimaciones realizadas por la Administración autonómica apuntan a que se podrían liberar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo destinado a oficinas, una superficie que se podrían convertir en 20.000 nuevos pisos en numerosos municipios.
El texto legal validado este miércoles por el Ejecutivo hace referencia a "una medida extraordinaria y temporal" que autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario –destinado a oficinas– a uno residencial para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública (VPP) en régimen de alquiler.
"Esta novedosa acción será posible sin necesidad de hacer una modificación del planeamiento", han subrayado desde el Gobierno de la Puerta del Sol, que a la vez han señalado que en su lugar el trámite quedará sujeto a licencia. Los ayuntamientos que deseen acogerse a este mecanismo tendrán hasta cuatro meses para decidir su aplicación, han agregado, y en el caso de sigan adelante contarán con un plazo de dos años para solicitar esa licencia y de tres como máximo para ejecutar la obra. Se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios existentes, siempre que sea a toda la infraestructura.
El texto también incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello, han argumentado, se reduce el plazo para su construcción de entre ocho y doce meses. Igualmente se recoge un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las VPP, situando el número de plazas de aparcamiento en uno por vivienda.
"En todo caso se respeta la autonomía local", han resaltado desde Sol, que deja el manos de los ayuntamientos el poder decidir la aplicación de esta ley en su término municipal, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales concretos dentro del municipio para su implantación.
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