El Tribunal Constitucional ha tomado una decisión este miércoles que añade aún más incertidumbre al futuro inmediato de Carles Puigdemont, fugado en el extranjero a la espera de la aplicación de la amnistía. A cinco días de la constitución del nuevo Parlament de Cataluña, el órgano de garantías ha acordado por unanimidad anular el voto telemático al que se acogió en la pasada legislatura el diputado y exconseller fugado Lluís Puig.
La decisión no afectará a las votaciones telemáticas pasadas del político independentista, pero sí podría impedir repetir el procedimiento de ahora en adelante, complicando que Puigdemont vote en la constitución de la Mesa del Parlament desde el su residencia actual en Francia. También podría afectar al diputado de ERC Rubén Wagensberg, que desde su imputación en la causa de Tsunami Democràtic reside en Suiza. Sin embargo, Wagensberg está de baja médica, por lo que eso sí le permitiría delegar el voto de todas formas.
Así las cosas, la mayoría independentista se complica de cara a votar la composición de la Mesa de la Cámara: sin los dos votos de Puig y Puigdemont, la suma de Junts, ERC y la CUP es de 57 escaños, los mismos que suman el PSC y el PP. Con todo, será la Mesa de edad, compuesta por el diputado más mayor y los dos más jóvenes, la encargada de organizar la votación para conformar la Mesa del Parlament.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha votado unánimemente en favor de la ponencia de María Luisa Segoviano sobre este asunto. La sentencia elaborada por la magistrada María Luisa Segoviano estima un recurso de amparo del Units per Avançar y el PSC contra la decisión -adoptada por la Mesa del Parlament en abril de 2023- de permitir el voto telemático en la Cámara. La Mesa había acordado aprobar la regulación transitoria del voto telemático a la espera de una reforma del Reglamento de la Cámara, una decisión que el Constitucional ha anulado.
Por otro lado, la Mesa del Parlament había avalado que Puig, residente en Bélgica, utilizara este procedimiento hasta el final de ese periodo de sesiones, el 31 de julio de 2023. El tribunal de garantías también ha anulado este acuerdo, pero sin modificar las votaciones telemáticas que Puig realizó en ese periodo para preservar "la seguridad jurídica". Pero aunque no cambie las votaciones pasadas, esta sentencia sí podría influir en las futuras. Y todo ello a pocos días de que se constituya la nueva Cámara autonómica.
El TC establece en su resolución que los acuerdos de la Mesa adoptados los días 18 y 19 de abril de 2023 vulneraron el derecho de los diputados recurrentes a ejercer las funciones representativas de acuerdo con el artículo 23.2 de la Constitución. El tribunal indica además que la normativa se aprobó de forma "instrumental", "con la finalidad exclusiva de intentar dar una apariencia de cobertura normativa a la habilitación del voto telemático" de Puig.
Las razones que esgrime la ponencia para argumentar que se violaron los derechos de los diputados del Parlament son directamente aplicables a la situación de Carles Puigdemont, por lo que se entiende que no podrá votar desde el extranjero en la legislatura que está a punto de comenzar.
El Constitucional establece, básicamente, que eludir la acción de los tribunales españoles residiendo en el extranjero no es motivo para saltarse la obligación de votar presencialmente. "Quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y sobre el que pesa una orden judicial de busca y captura" no se encuentra en una "circunstancia" que permita "excepcionar el principio de presencialidad en el ejercicio del voto", concluye el tribunal.
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