La OCDE sugiere reducir la indemnización por despido objetivo en España y pide más seguridad para los fijos discontinuos

La reforma laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz en 2021 le ha supuesto al Gobierno felicitaciones de diferentes organismos internacionales. La caída en la tasa de temporalidad y el aumento del empleo indefinido se considera a menudo como un éxito de la nueva legislación laboral. Sin embargo, cada vez son más las voces que piden ir más allá. La última organización en hacerlo ha sido la OCDE que sugiere a España reducir las indemnizaciones por despido procedente; mejorar la protección de los trabajadores fijos discontinuos o experimentar con la reducción de la jornada laboral. 

Así queda plasmado en un largo informe publicado el miércoles en el que la organización traza un diagnóstico exhaustivo sobre uno de los males endémicos que sufre la economía española: su escasa productividad. A lo largo de 100 páginas, los economistas de este organismo —formado en su mayor parte por países de renta alta— plantean una serie de reformas que pueden impulsar la eficiencia de la economía española, que apenas ha mejorado en las últimas décadas. 

La OCDE alaba políticas como la subida del SMI o el refuerzo de la negociación colectiva, que han permitido repartir mejor las escasas ganancias de productividad que se han producido estos años. Sin embargo, también propone cambios que implican ir más allá en los planteamientos de la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz y aprobada en 2021. Y algunos chocan con la visión que tiene el departamento que dirige Díaz. 

La propuesta que más llama la atención es la reforma de los mecanismos de protección con los que cuentan los trabajadores con contrato indefinido. El organismo con sede en París cree que España puede lograr un mejor "equilibrio" entre la seguridad para los trabajadores y la flexibilidad para las empresas. ¿En qué se traduce esto? en una ampliación en el periodo de preaviso que debe respetar una empresa antes de despedir a un trabajador y, al mismo tiempo, en un ajuste de "otros aspectos de la protección, como las indemnizaciones" por despido.

La OCDE señala que el coste de un despido objetivo en España (20 días de sueldo por año trabajado con un tope de 12 mensualidades) es relativamente alto en comparación con otros países del grupo. Pero, al mismo tiempo, el periodo de preaviso que tienen las empresas para notificar el despido es de los más cortos de la organización. Con una mejor combinación entre estas dos variables, arguyen, se podría mantener la protección de los trabajadores, mientras se disminuyen los costes empresariales.

Este planteamiento va en contra de la reforma del sistema de despido que el departamento de Yolanda Díaz está preparando. Un cambio en la normativa inspirado por una resolución del Consejo de Europa que cuestiona la forma en que se despide en el país, pero que todavía no es pública. En el plano del despido objetivo, Díaz propone reforzar la causalidad, mientras que en los ceses improcedentes se busca que la indemnización se adapte a la situación concreta de cada caso, más allá de elevar o no los 33 días por año trabajado actuales. 

Otra medida de flexibilidad que recomienda el organismo es facilitar el fin de contratos indefinidos cuando es buscado por las dos partes. En este sentido, plantean que los trabajadores que acuerden su salida voluntaria con la empresa puedan acceder a prestación por desempleo, algo que actualmente no es posible. Así se incentivarían los ajustes de personal que son deseados por empleador y empleado.

Más garantías para los fijos discontinuos

Otro de los puntos de la reforma laboral que la OCDE cree que se puede mejorar es la protección de la que gozan los trabajadores fijos discontinuos. Esta modalidad contractual ligada a trabajos con mucha estacionalidad, (como es el caso de la actividad vinculada al turismo) se ha popularizado después de que la reforma laboral limitara el uso de contratos temporales a situaciones muy tasadas. 

Los economistas de la OCDE creen que este tipo de contratos "son preferibles" a los temporales, dado que aportan más estabilidad y más protección ante un eventual despido. Sin embargo, consideran que la seguridad de la renta que perciben estos trabajadores no está clara del todo. 

Esto es así porque este tipo de contratos, "no garantizan una cantidad mínima de actividad", aunque la empresa está obligada a comunicar por adelantado las horas y los periodos de actividad previstos. El número mínimo de horas se acaba fijando en convenios colectivos, lo que multiplica los escenarios posibles y no siempre garantiza una retribución suficiente.

Para frenar esta disparidad, la OCDE cree que una medida que se puede adoptar es fijar un número mínimo de horas en un periodo dado para todos los fijos discontinuos, sea cual sea su sector de actividad. De igual modo, los expertos del organismo creen que se podría estudiar una penalización a las empresas que envíen a sus trabajadores al paro con más frecuencia para amortiguar el gasto en prestaciones por desempleo que debe asumir el Estado cuando esto sucede. Además, la organización ve "particularmente importante" que se tomen medidas para promover la conversión de estos contratos en indefinidos ordinarios.  

Experimentar con la reducción de jornada

Una de las políticas estrella del Ministerio de Trabajo para esta legislatura es la reducción de la jornada laboral fijada en el Estatuto de los Trabajadores. El departamento que lidera Yolanda Díaz y los agentes sociales llevan meses negociando la fórmula para reducir la jornada máxima legal semanal en España de las 40 horas actuales a 37,5 en 2025. 

En este sentido, los expertos de la OCDE señalan que hay muy pocos países en el grupo con jornadas legales inferiores a las 40 horas semanales. Ante la falta de evidencias, sobe los efectos de reducir la jornada, plantean que se experimente para obtener más evidencia empírica.