En España hay alrededor de doscientas personas sordas o con discapacidad auditiva en las cárceles y centros de inserción social –donde se cumplen las penas en régimen abierto–, según cifras de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Para atender a estas personas la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) cuenta con el programa Personas Sordas Reclusas en Igualdad de Derechos. El programa nació en 2018 dentro del Protocolo de Actuación Para Personas con Discapacidad en el Medio Penitenciario creado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El protocolo se desarrolló para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a todas las prestaciones y servicios que garanticen su participación en igualdad de condiciones que el resto de la población reclusa. Es un protocolo que se financia con la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y tiene como objetivo “dar cobertura a las necesidades comunicativas y de acceso a la información de este colectivo en los centros penitenciarios”, explica Tiziri de Valcárcel, responsable del programa.
El programa incluye servicios de interpretación en lengua de signos y de mediación comunicativa, además de acceso al servicio de interpretación SVIsual para facilitar el contacto de las personas con discapacidad auditiva con el exterior: familiares, abogados, etc. “SVIsual es un servicio de videointerpretación que permite comunicación a distancia y en tiempo real con otras personas sordas y oyentes a través de un videointérprete. De este modo una persona sorda reclusa no tendrá la necesidad de pedir a otro compañero que realice una llamada en su nombre porque podrá hacerla ella misma”, explica Tiziri. “Este servicio también resulta muy útil para asegurar una comunicación accesible en situaciones de urgencia que no puedan esperar a la llegada de los profesionales del programa: los intérpretes de lengua de signos y las mediadoras comunicativas. La acogida de este servicio ha sido muy buena y se ha detectado un incremento considerable de su uso en los últimos años”.
En colaboración con Plena Inclusión, el programa incluye también material informativo de fácil comprensión basado en pictogramas. “Este material se reparte en los centros penitenciarios para que las personas sordas reclusas conozcan las normas del centro donde cumplen condena y para que los profesionales que trabajan en estos lugares se familiaricen con la realidad comunicativa de este colectivo”, cuenta Tiziri. También se han impartido cursos de lengua de signos para los funcionarios de los centros penitenciarios.
La información que recibimos llega mayoritariamente mediante mensajes sonoros
“Partimos de la premisa de que en la sociedad que vivimos la información que recibimos llega mayoritariamente mediante mensajes sonoros. Una persona sorda, aún sin estar interna en un centro penitenciario, se enfrenta a numerosas barreras en el acceso a la información y a la comunicación”, apunta Tiziri. “De ahí que a través de este programa pretendamos dotar a este colectivo de las herramientas y recursos que les permitan comunicarse, informarse y participar en igualdad de condiciones durante su estancia en un centro penitenciario o de inserción social”. Para Tiziri la principal dificultad está en la posibilidad de comunicarse con el entorno. “Por eso el programa contempla todas las instancias de los centros penitenciarios, desde las reuniones con los profesionales en el momento del ingreso, todo lo relativo al funcionamiento y las normas del centro penitenciario, hasta el día a día en el centro, pasando por sus derechos y deberes”.
Para garantizar la igualdad de oportunidades hay que dotar a los centros de las herramientas necesarias para que la persona sorda pueda acceder a la información y la comunicación desde el momento de su ingreso. Por ejemplo, una psicóloga que habla lengua de signos apoya la adaptación de los programas que haya en prisión a las personas sordas y realiza también intervenciones cuando es necesario. “Este programa contribuye a eliminar buena parte de las barreras de comunicación y acceso a la información de las personas sordas reclusas”, defiende Tiziri. “Su derecho a comunicarse, a informarse, a entender y ser entendidos, a relacionarse, a contar con adaptaciones en celdas, en salas de visita o en salas comunes, a disponer de ayudas técnicas como despertadores luminosos o con vibración… En definitiva, contribuir a que gocen de la misma autonomía y las mismas oportunidades que el resto”, concluye Tiziri.
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