A tan solo dos semanas de que se cumplan siete años del incendio de Las Peñuelas (Huelva), que arrasó cerca de 8.500 hectáreas del entorno de Doñana, y tras el parón judicial en el que se hallaba inmerso el proceso, el juez ha decidido continuar la instrucción contra las tres personas investigadas, dos de ellas pertenecientes a la carbonera que parece que provocó el fuego.
Así lo ha determinado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moguer en un auto dictado el pasado 30 de mayo, en el que el magistrado determina continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas contra los investigados como presuntos responsables de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. El auto, consultado por este medio, ordena dar trasladado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de diez días, soliciten o bien la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.
El juez instructor detalla en la resolución que la empresa carbonera, de la que es administrador único uno de los investigados, se dedicaba a la elaboración de carbón vegetal y que en junio de 2002 obtuvo autorización para el funcionamiento "exclusivamente" de tres hornos. Sin embargo, el 20 de febrero de 2017, cuatro meses antes del incendio, contaba con una veintena de hornos y pidió construir dos más en una zona distinta a donde se encontraban los originales. La carbonera no obtuvo el permiso pertinente, explica el auto, pero "pese a ello, se construyeron" por parte de una empresa cuyo administrador es otro de los investigados.
Asimismo, aunque la carbonera tenía permiso para el uso de fuego en hornos de carbón o piconeras, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta le obligaba a realizar un cortafuegos perimetral alrededor de cada instalación con la eliminación completa de la vegetación; o a mantener vigilancia durante los periodos de combustión. Así, la empresa podía usar los hornos solo en los días y horas en que las condiciones meteorológicas garantizaran que no se iban a producir daños a la vegetación circundante y que el fuego no se extendería fuera de la parcela de quema autorizada ni el viento soplara hacia viviendas próximas. Pero, continúa el juez, estas obligaciones "no se cumplían el día de los hechos".
La causa del incendio
Así, el 24 de junio de 2017, "pese a las condiciones meteorológicas extremadamente adversas de ese día, con temperaturas que superaron los 39 grados, vientos fuertes y escasa humedad relativa, la carbonera continuó con su actividad". El tercer investigado, trabajador de la empresa, "siguiendo órdenes" de los otros dos implicados, encendió al menos un horno a las 17.30 horas y, "tras encender el fuego, lo tuvo abierto unos minutos", tras lo que abandonó las instalaciones sobre las 20.00 horas, "dejándola sin personal alguno" y sin vigilancia.
Esto, según el juez, provocó el origen del incendio sobre las 20.20 horas "por la acción de algunas partículas de carbón vegetal incandescente de tamaño indeterminado procedentes de la actividad desplegada" por la carbonera, "con suficiente entidad y potencia calorífica"; y que, "al entrar en contacto con la vegetación que se asienta en alguna parte del talud perimetral que separa la fábrica de la masa forestal por el arrastre del fuerte viento dominante, prendió la misma". De este modo, el incendio "fue en progresión de menos a más desde el área de inicio hacia la masa forestal" y "se propagó con rapidez (...), adquiriendo una gran virulencia" y originándose multitud de focos secundarios, que fueron adquiriendo "un gran tamaño en cuestión de minutos".
El juez recuerda las nefastas consecuencias de esta catástrofe, que "provocó un grave daño ecológico que tardará años en recuperarse", con 8.468 hectáreas afectadas (7.546 forestales y 957 no forestales, parte del estado Natural Protegido). El fuego también "causó un grave daño ambiental en la zona costera" que va desde Mazagón hasta la zona de la Duna del Asperillo; y tuvieron que liberarse linces en recuperación (uno falleció). Hubo igualmente daños en viviendas, vehículos, caravanas e instalaciones turísticas, obligando al desalojo de unas 2.500 personas, entras ellas, las del camping de Mazagón, de un hotel y de una urbanización. Y se cortaron las carreteras A-494 (Mazagón-Matalascañas) y A-483 (Matalascañas-El Rocío), requiriendo para su extinción de medios nacionales, autonómicos y locales, quedando finalmente extinguido a las 13.30 horas del día 4 de julio de 2017.
La Junta de Andalucía llevaba a principios de este año, y desde 2019, más de siete millones de euros invertidos en la restauración y recuperación del espacio calcinado, unas tareas que se están llevando a cabo en varias fases, y a lo que hay que sumar otros 70 millones de euros que se destinaron a las labores de extinción, así como las medidas urgentes llevadas a cabo en 2017 por el anterior Gobierno por un importe de 711.950 euros.
Se han utilizado en estas arduas tareas más de un millón de plantas, especies que ya había en la zona y que se han replantado; además de otros trabajos como el control de especies exóticas invasoras, el tratamiento de la vegetación afectada o el control de la erosión.
En todo caso, y pese a los ingentes esfuerzos en recuperar esta joya natural, es "imposible" saber cuándo se habrá recuperado Doñana del todo de este fuego que, sobre todo para quienes lo vivieron más de cerca, quedará grabado en la memoria para siempre.
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