La ley de amnistía ya está aprobada de manera definitiva tras una larga tramitación, pero su entrada en vigor se retrasará hasta pasadas las elecciones europeas de este domingo. El texto fue publicado este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, pero aún debe pasar por el Palacio de la Zarzuela para ser firmada por el rey Felipe VI y, posteriormente, ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ese es el momento en el que la norma cobrará vigencia, pero el final de los trámites no se producirá antes del próximo lunes.
La publicación este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales supone únicamente la constatación de que la ley de amnistía fue aprobada la semana pasada, cuando el Congreso levantó el veto impuesto por el Senado con el apoyo de 177 diputados frente a 172 en contra. No obstante, no es infrecuente que las leyes que reciben luz verde tarden unos días en entrar en vigor: conforme a la legislación, toda norma que aprueba el Congreso se envía al Ministerio de la Presidencia, que se encarga de gestionar la firma por parte del rey y, posteriormente, su publicación en el BOE. Por ejemplo, la ley de enseñanzas artísticas fue aprobada por la Cámara Baja el 23 de mayo y aún no ha sido publicada.
El momento de entrada en vigor de la ley de amnistía es importante, ya que desencadenará una oleada de movimientos políticos y judiciales, como los recursos de inconstitucionalidad que ya ha venido anunciando el PP desde hace meses. Y el hecho de que no se vaya a publicar la norma en el BOE hasta pasadas las elecciones evita al Gobierno una avalancha de noticias negativas a las puertas de unos comicios europeos que se prevén mucho más ajustados de lo que pintaban hace tan solo unas semanas, puesto que las últimas encuestas reflejan que el PSOE está cerca de la primera posición del PP.
No obstante, fuentes del propio PP admiten que, hoy por hoy, la ley de amnistía ya no supone un "desgaste" tan grande para el Gobierno como la investigación judicial a la esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pese a ello, Feijóo pidió hace unos días a Sánchez que no apruebe "semejante acto de indignidad política, moral y judicial", y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, afirmó este martes que "hay distintos mecanismos para actuar frente a ella: la vía jurisdiccional, la vía constitucional y, desde luego, la vía también de la presión social desde la calle".
Y es que hay varios supuestos en los que la amnistía puede acabar paralizándose e incluso no aplicarse finalmente. Por un lado está la posibilidad de que un juez considere que la ley de amnistía puede entrar en conflicto con la Constitución española, en cuyo caso deberá trasladar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y no solo un juez puede acudir al tribunal de garantías: también pueden hacerlo, entre otros, los grupos parlamentarios con más de 50 diputados, como ya ha anunciado que hará el PP.
Cuando una norma es recurrida ante el Tribunal Constitucional o cuando un juez presenta una cuestión de inconstitucionalidad cabe la posibilidad de que el órgano de garantías adopte medidas cautelares, llegando a paralizar su aplicación hasta que el asunto quede zanjado. Sin embargo, la propia proposición de ley de amnistía trata de blindarse frente a este supuesto en su articulado, puesto que establece que "el carácter singular" de la norma "deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas".
Por otro lado, un juez puede dudar sobre el encaje de la ley de amnistía en el Derecho europeo. Si esto ocurre, debe presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dirimirá sobre esta cuestión. Si este tribunal considera que una norma nacional es contraria a una normativa comunitaria, el juez tiene que dejar de aplicarla y atenerse a la interpretación del tribunal europeo. Y, según dicta la jurisprudencia de la UE, la causa correspondiente quedará en suspenso hasta que el tribunal europeo resuelva.
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