El TS desestima el recurso de la Generalitat valenciana contra el caudal ecológico del Tajo que reduce el trasvase al Segura

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que presentó por la Generalitat valenciana presidida por el socialista Ximo Puig en contra de la fijación de un caudal ecológico en el río Tajo, para garantizar un mínimo de agua y que a partir de 2025 supondrá una reducción del trasvase al río Segura. El fallo determina que el Gobierno valenciano no aportó "prueba técnica alguna" de que la fijación de caudal ecológico sea arbitrario o desproporcionado y, al contrario, avala el "complejo procedimiento" técnico para determinarlo.

La sentencia dictada por la Sala de los Contencioso-Administrativo también rechaza pretensión por medio de sus alegaciones de la Abogacía del Estado -en representación del Gobierno central- y de Castilla-La Mancha de no permitir a la Comunitat valenciana presentar el recurso, por "falta de legitimidad" para hacerlo. El Supremo sí considera que la tiene, por tener un "interés propio" en la planificación de la cuenca del Tajo -vertiente al trasvase al Segura-,pero en su fallo lo desestima, en primer lugar, al considerar que la Comunitat Valenciana no aportó "prueba técnica alguna sobre la determinación de los caudales ecológicos que soporte las apreciaciones puramente subjetivas contenidas en la demanda, de la que pudiera deducirse el abierto apartamiento de la realidad en su determinación -arbitrariedad- que en ella se sostiene o su evidente incorrección técnica determinante de su desproporción”.

Por el contrario, añade que “la fijación de estos caudales se ha realizado sobre la base de las instrucciones metodológicas y técnicas contenidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica, tras seguirse un complejo procedimiento promovido desde las demarcaciones hidrográficas y que tiene sobre la base los estudios pertinentes que se refieren en la MAIN (Memoria de Análisis de Impacto Normativo), frente a lo que no pueden prevalecer las meras apreciaciones valorativas de la demanda”.

El Supremo también respalda la cadencia temporal de la nueva planificación del Tajo, que no hace inmediata la reducción del trasvase al Segura, sino que la aplaza unos años, hasta 2025, para dar tiempo a construir las desaladoras, depuradoras y otras obras hídricas necesarias para paliar una menor llegada de agua. "Fija una implantación progresiva de los caudales ecológicos, una particularidad que encuentra su debida justificación en la necesidad de desarrollar medidas, especialmente en la cuenca del Segura, que permitan aportar recursos alternativos que puedan paliar los eventuales efectos que en el Trasvase produzca la obligada implantación de los caudales ecológicos en la cuenca del Tajo”, dice la sentencia que se ha conocido este viernes.

Protestas de los regantes, del PP y también del PSOE

La sentencia desestimatoria es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre unos de los tres recursos que otras tantas comunidades presentaron en contra del tercer ciclo de planificación del río Tajo por sus efectos sobre el trasvase del Segura. También lo hicieron Andalucía y Murcia, igualmente afectadas por una disminución del agua que llegará a sus tierra, y sobre los que el Supremo todavía no se ha pronunciado. 

Los recursos ante el Supremo fueron la derivada jurídica de una cuestión, la aprobación del tercer ciclo de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas que con respecto al Tajo provocó una gran marejada política a principios de 2023, debido a que se introducía por primera vez el denominado "caudal ecológico", una cantidad mínima de agua que debe discurrir por su cuenca que, en caso de que fuera inferior, supondría disminuir el volumen de agua trasvasada al Segura. 

Esta figura ya existe en otros ríos, era reclamada por Castilla-La Mancha y defendida por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y contaba con el aval de varias sentencias del Supremo, además de por el Consejo de Estado. Sin embargo, aplicada al Tajo, en enero de 2023, provocó protestas y concentraciones de los regantes de Alicante, Murcia y Almería ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y a ellos se sumaron sus gobiernos y los partidos políticos de cada una de las tres comunidades, tanto del PP como del PSOE, contra de la planificación que el Gobierno terminaría aprobando igualmente. A cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, el recurso de Puig en contra de la norma aprobada por el Gobierno central fue especialmente significativo. Fue el primero de los recursos autonómicos que se presentó y por eso ha sido el primero que se ha fallado.

Con todo, ni la aprobación de los planes de cuenca por parte del Consejo de Ministros en enero de 2023 ni el fallo en contra del recurso del Supremo de este viernes son el final del contencioso en torno al trasvase Tajo-Segura y Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía están ahora enfrentadas por la fijación de las normas de explotación del trasvase.

El pasado febrero, Ribera y el actual presidente valenciano, Carlos Mazón, pactaron la creación de un grupo de trabajo, también con Castilla-La Mancha y resto de comunidades afectadas, sobre el marco de explotación del trasvase y en abril el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page quiso monopolizar con esta cuestión, para urgir a fijar ya las reglas, una reunión del Consejo Nacional del Agua que no lo llevaba en la agenda.