A poco más de medio año de que termine el plazo, solo seis comunidades autónomas cuentan ya con al menos un centro de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual en sus territorios. La ley del 'solo sí es sí' aprobada en 2022 recogía la obligación de que todas las provincias contasen con estos centros especializados abiertos durante todo el año. En principio tenían que hacerlo antes de que terminase 2023; pero el Ministerio de Igualdad acordó prorrogar ese horizonte a finales de este año ante las demandas de algunas autonomías que alegaron problemas de "suministros y carestía" por la inflación.
Así, y según informa el departamento dirigido por Ana Redondo, todavía quedan 13 autonomías por implantar estos servicios en sus respectivos territorios. Por ahora lo han hecho ya Cantabria (con un centro en Santander desde octubre de 2023); País Vasco (en Bilbao desde diciembre de 2023; y otro en Vitoria desde este abril); Murcia (desde diciembre de 2023); Navarra (en Pamplona desde abril); Melilla (en abril); y Castilla La Mancha (abrió uno en Albacete este mes).
Además, Igualdad informa de que, "a lo largo del próximo verano" está previsto que abra sus puertas un centro en Madrid; otro en San Sebastián (País Vasco); Teruel y Huesca, en Aragón; Toledo y Guadalajara, en Castilla-La Mancha; Alicante y Valencia en la Comunidad Valenciana y cinco centros en Galicia (dos centros en A Coruña, uno en Lugo, otro Ourense y en Pontevedra).
Y ya a lo largo del último cuatrimestre del año previsiblemente abrirán sus puertas los centros de las provincias que queden. Es decir, Cuenca y Ciudad Real (Castilla-La Mancha); Zaragoza (Argón); Castellón (Comunidad Valenciana); Logroño (La Rioja); los nueve centros por capital de provincia de Castilla y León); los de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia (Extremadura); las cuatro capitales de Cataluña; las ocho de Andalucía; las dos de Balares; Oviedo (Asturias); y Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria (Islas Canarias).
Así, si todo va según lo esperado, al finalizar 2024 habrá un total de 52 centros de crisis 24 horas, unos recursos de competencia autonómica que han sido financiados con un total de 83 millones de euros por Igualdad mediante los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (UE).
El Ministerio de Igualdad asegura que lleva desde 2022 manteniendo "reuniones técnicas periódicas" con las administraciones autonómicas, "en las que pone a su disposición el asesoramiento y apoyo necesarios para la puesta en marcha de estos recursos", subraya en un comunicado difundido este viernes.
La ley entró en vigor hace ya un año, en octubre de 2022, pero las comunidades alegaron entonces problemas de "suministros, transportes y carestía", causados por la inflación y la guerra en Ucrania; y finalmente la Comisión Europea aprobó la prórroga, pues la iniciativa está financiada con fondos europeos. Según explicaron fuentes del entonces departamento dirigido por Irene Montero, se acordó alargar el plazo después de que las comunidades autónomas lo pidieran "en cadena".
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