La fruta que comemos es muy probable que haya sido recogida por una persona migrante que trabaja sin contrato, con un salario por debajo del mínimo legal y con horarios abusivos. Más de dos millones de personas migrantes en Europa trabajan en el sector agrario. Y muchas veces lo hacen en condiciones en las que sus derechos más fundamentales son vulnerados. La mayoría proviene de países tan diversos como Marruecos, Tailandia, Bangladés, Senegal, Mali, Rumania o Bulgaria y muchas de sus experiencias laborales son sorprendentemente similares.

Los hallazgos publicados en el informe Esenciales, pero invisibles y explotadas son alarmantes. En muchos casos, estas personas reciben salarios por debajo del mínimo legal y trabajan más horas de las permitidas por la ley.

Además, viven en condiciones muy precarias, ya sea en alojamientos improvisados dentro de las fincas donde trabajan o en asentamientos de infraviviendas a menudo alejados de centros urbanos, dificultando el acceso a servicios básicos como supermercados o actividades de ocio.

También sufren una alta tasa de accidentes laborales y una exposición a condiciones insalubres sin la protección adecuada. Muchas de estas personas se enfrentan a barreras para acceder a servicios médicos debido a la distancia de los centros de salud y la escasez de transporte, lo que aumenta los riesgos para su bienestar.

Garantizar los derechos humanos en la agricultura es una cuestión de justicia. Entre otras medidas, es necesario asegurar que las ayudas agrícolas estén condicionadas al cumplimiento de normas laborales y sociales estrictas en todos los sectores agrícolas y promover la inclusión de los trabajadores migrantes en los sindicatos y en la toma de decisiones políticas.