Cuando parecía que la causa por presunta revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso conducía inevitablemente al fiscal general del Estado, ha sido el propio Álvaro García Ortiz quien ha asumido la responsabilidad por la nota de prensa investigada y ha indicado que la instrucción judicial debería dirigirla el Tribunal Supremo, por ser el único órgano judicial que le puede investigar a él. Lo ha hecho a través de un escrito presentado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que hace semanas admitió a trámite una querella de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, por una nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid que podía comportar un delito de revelación de secretos.
El instructor de la causa pidió identificar "al máximo responsable (en rango) del Ministerio Público" que ordenara o diera luz verde a la publicación de aquella nota de prensa. Se trata de un comunicado que trataba de desmentir algunas informaciones periodísticas sobre la causa de fraude fiscal que afecta a González Amador. Concretamente, varios medios habían publicado información sobre un posible pacto que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota de prensa desmintiendo estas informaciones: según la institución, había sido el abogado de González Amador quien había ofrecido un acuerdo a los fiscales. Aquel 'desmentido' supuso a ojos de González Amador un delito de revelación de secretos, y el TSJM aceptó su querella y decidió investigar el posible delito. Paralelamente, el fiscal general del Estado asumió públicamente la responsabilidad por ese comunicado, si bien no confirmó que él mismo había dado la orden.
Sin embargo, en el escrito trasladado este lunes al tribunal madrileño reconoce que la nota "no se habría publicado" sin su "previa autorización e instrucciones expresas y directas". Por tanto, señala el fiscal general, el TSJM "carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota". Es el Supremo quien debe instruir la causa.
Además de asumir la responsabilidad, el fiscal ha defendido que la nota "desmentía informaciones falsas en relación con un investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental". Es más, García Ortiz menciona que la nota de prensa se emitió "para poner fin a un bulo y amparar a un compañero", y en ningún caso considera que se haya delinquido.
La nota no añadió "datos que no fueran públicos", con lo que a García Ortiz le resulta "cuando menos sorprendente" que la investigación se centre únicamente en la comunicación de la Fiscalía. Cuando se tomó la decisión de difundir aquel escrito, tal y como ha subrayado ante el TSJM, la información "circulaba ya por las redacciones de varios medios de comunicación". Así que el fiscal general ha dado este paso adelante, según el Ministerio Público, para "proteger a los fiscales de Madrid y a la Fiscalía en su conjunto".
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