El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley que modifica el régimen de comercio de derecho de emisiones de CO2 para ampliarlo al transporte marítimo y extenderlo a los sectores del transporte terrestre, los combustibles y la edificación, a los que a partir de 2027 también se aplicará un régimen que limita las emisiones permitidas de gases de efecto invernadero como ya sucede en la industria pesada o en la aviación, un ámbito en el que se modificará para excluir a vuelos entre islas en Canarias y otros países de la UE y el archipiélago. Aunque sin afectar directamente a los usuarios, en los sectores del transporte por carretera y la edificación pasarán a aplicarse los límites que establecerá el Gobierno sobre las toneladas de gases de efecto invernadero que pueden lanzar a la atmósfera, así como la posibilidad de comprar más derechos a ello si quieren emitir más allá de la cantidad que les sea asignada.
Este proyecto de ley supondrá trasponer dos directivas europeas aprobadas el año pasado para ampliar y reformar el mercado de carbono europeo que como novedad también otorgará derechos gratuitos de emisión a actividades que no emiten CO2 y otros gases de efecto invernadero como la producción de hidrógeno verde para "incentivarlos" e introduce una tasa en frontera europea, que tendrán que pagar aquellos productos fabricados en países de fuera de la UE donde no operen mercados de carbono similares y que, por tanto, no hayan sido producido teniendo en cuenta esta manera de limitar emisiones que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha calificado este martes como "una de las maneras más efectivas de reducir las emisiones de gases de efecto invernaderos en la UE". El objetivo inicial era recortarlas en un 55% en 2030 y el porcentaje se amplía ahora al 62%, de modo que cada Gobierno deberá reasignar la cantidad de emisiones -los derechos de emisión- que corresponderá a cada sector y empresas.
Combustible del transporte por carretera
El proyecto de ley será enviado ahora al Congreso para la aprobación definitiva de la modificación de la ley de España sobre el mercado de derechos de emisiones que existe en la UE desde 2005. Es algo que el sector esperaba porque estaba en la planificación legislativa del Gobierno. El Consejo de Ministros le ha dado luz verde sólo dos días después de las elecciones europeas tras las que Ribera aspira a ocupar una vicepresidencia "potente" de políticas climáticas en la nueva Comisión Europea que se conformará previsiblemente en el otoño.
El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE establece un tope máximo de emisiones -de CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburo, perfluorocarburo y hexafluoruro de azufre- para cada uno de los sectores industriales y comerciales que contempla, que hasta ahora eran la industria electrointensiva, generación de electricidad, refino de petróleo, aviación, aviación y transporte marítimo. Si quieren exceder la cantidad asignada, pueden comprarla en el llamado "mercado de carbono", en el que otras industrias venden las emisiones que no lanzan a la atmósfera.
Este proyecto de ley amplía el menú de sectores porque dará lugar a un "mercado paralelo" para el transporte por carretera y combustibles, edificación y pequeñas empresas, de acuerdo a lo acordado el año pasado por los Veintisiete países de la UE. Según lo pactado, los usuarios y consumidores últimos no se verán afectados porque las obligaciones se aplicarán sobre el despacho al consumo de combustible para la combustión en el transporte por carretera y edificios.
Competitividad europea y vuelos a Canarias
El actor al que se asignará unos determinados derechos de emisión no será el que los emita -es decir, el consumidor final del combustible-, sino el que los distribuye o comercializa para el consumo de un tercero, según explicó una nota del Ministro de Transición Ecológica cuando se aprobó la directiva europea, cuando subrayó que "este régimen excluye explícitamente a los consumidores finales de los combustibles utilizados en estos sectores". "Son cambios en los que las obligaciones que no se dirigen a los ciudadanos finales sino a empresas que venden los combustibles", ha recalcado Ribera, que ha subrayado también que la creación de una tasa en frontera abundará en la competitividad de la empresa europea, que no quedará "dañada" por productos con un menor coste medioambiental, dado que la compra de derechos de emisión por parte de la industria europea aumenta sus costes de producción.
También modifica la regulación con respecto a las emisiones de CO2 de la aviación, para trasponer otra directiva igualmente aprobada el año pasado que excluye del régimen de comercio de derechos de emisión a los vuelos desde países de la UE a una región ultraperiférica de otro país, que en el caso español, afectará a los vuelos a Canarias. Por el contrario, quedarán excluidos los vuelos entre dos regiones ultraperiféricas de un mismo Estado miembro, por ejemplo, entre las islas de Tenerife y Las Palmas.
Primer compromiso internacional sobre emisiones
La ampliación del sistema de comercio emisiones a estos sectores no será exactamente igual que hasta ahora. Para la edificación y el combustible para el transporte de carretera, se pondrá en marcha a partir de 2027, aunque el seguimiento y la notificación de las emisiones empezara antes, a partir del 1 de enero de 2025-. A diferencia del esquema actual, a estos sectores ya no se les asignará un numero de derechos gratuitos y solo se comercializarán mediante subasta.
El sistema de comercio de emisiones en la UE configura uno de los 32 "mercados de carbono" que existen en la actualidad en distintos países -como China, el mayor del mundo que abarca todo su territorio- y dentro de ellos, entre zonas determinadas, como en EEUU o Canadá. En 2005, se convirtieron en el primer compromiso internacional que asumieron los países para luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido en el Protocolo de Kioto.
A cada empresa de estos sectores, se les asigna cada año una cantidad determinada de emisiones de CO2 que les están permitidas -los "derechos de emisión"-, que van disminuyendo cada año en función del coeficiente de reducción fijado por la UE. Tras reducirse un 1,74% al año hasta 2020, los derechos de emisión en a UE se han estado recortando un 2,2% al año entre 2021 y 2023 y el recorte será mayor, de 4,3% al año, entre este 2024 y 2027 para volver a aumentar en 2028 al 4,4%.
Además de utilizar los derechos para emitir el CO2 que les está permitido, las empresas pueden no hacerlo y vender sus derechos de emisión, en un mercado que el año pasado generó ingresos de unos 40.000 millones de euros en la UE, una cifra siete veces mayor que en 2017 y que sirve para financiar políticas y ayudas por parte de la Comisión Europea.
De acuerdo con cifras del sector, el precio de la tonelada de CO2 u otros gases de efecto invernadero vivió unos primeros años en relativa estabilidad y precios bajos, que se dispararon cuando en 2020 la UE empezó a reducir anualmente el tope de emisiones. En un año, se disparó de los 25 euros por tonelada a 53 y no dejó de subir en los siguientes años, a los 81 y 84 euros en 2022 y 2023. Volvió a descender de forma brusca, a los 59 euros, en 2024, debido a un exceso de oferta en los derechos de emisión debido a una reducción de la producción industrial y también a una mayor generación eléctrica renovable.
Las dos directivas que se traspondrán a la legislación forman parte del paquete de medidas de la UE para luchar contra el cambio climático, Fit for 55, de la que también forma parte la reducción de emisiones en edificios, la reforma del mercado eléctrico o la creación de mercados europeos del hidrógenos y otros gases renovables y de la que en la legislatura que terminó con las elecciones europeas del pasado 9 de junio solo no ha sido posible sacar adelante la Ley de Restauración de Naturaleza.
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