El Tribunal Constitucional comenzará la próxima semana las deliberaciones sobre los recursos de amparo presentados por 12 de los condenados en la pieza política del caso de los ERE, que se saldó con penas de cárcel y/o inhabilitación para casi una veintena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Así lo ha anunciado este lunes la corte de garantías, que detalle que el debate se producirá tras "un año y medio" de estudio de los recursos presentados contra las sentencias de la llamada "pieza específica" del caso, en la que se juzgó el uso irregular de las subvenciones concedidas por la Junta para los expedientes de regulación de empleo (ERE).
El TC recuerda que admitió a trámite estos recursos de amparo por su "especial trascendencia constitucional". Y ello, por dos motivos. El primero, porque "plantean un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal; y el segundo, porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales".
Fue en junio del pasado año cuando la Sala Segunda del alto tribunal dio entrada a los recursos al considerar que "no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes". Estos, concretamente, son: los expresidentes Chaves y Griñán; los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías; los exviceconsejeros Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez y Antonio Vicente Lozano; el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano; y el ex director general de Trabajo Juan Márquez.
Los primeros recursos que se abordarán, según detalla el TC, serán los de la también exministra socialista Magdalena Álvarez, condenada a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, cuya anulación de condena planteará la ponencia del TC, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press; y el de Viera, condenado a 7 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, fuera de prisión tras concederle el tercer grado por motivos de salud en junio de 2023.
Cabe recordar que la Fiscalía del Constitucional, en sus alegaciones a los recursos, apoyó revisar algunas condenas por prevaricación, entre ellas la de Chaves, pero no las impuestas por malversación, lo que perjudicaría a su sucesor Griñán, ya que fue el segundo delito lo que le acarreó la pena de de seis años de prisión, si bien esta está suspendida durante cinco años por el cáncer de próstata que padece.
Tercer grado para Aguayo
Mientras, la exconsejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que fue condenada también a seis años de prisión en la pieza política, ha recibido el tercer grado penitenciario, por lo que queda adscrita al centro de inserción social (CIS) de Sevilla, según ha adelantado este lunes la Cadena SER y han confirmado fuentes de su defensa.
Martínez Aguayo fue la primera de las condenadas a prisión que entró en la cárcel, a finales de diciembre de 2022, unos días antes de que expirara el plazo otorgado por el juez para el ingreso voluntario. Lo hizo en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, centro que cerrará en breve como cárcel para convertirse en un centro psiquiátrico penitenciario.
De los diez condenados a prisión, solo quedan en la cárcel actualmente cinco, toda vez que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero falleció en octubre de 2020; la Audiencia de Sevilla suspendió un año la entrada en prisión de Javier Márquez en octubre de 2023; hizo lo mismo, pero por cinco años, con la de Griñán; y Viera tiene el tercer grado desde hace un año.
En paralelo, queda por dilucidar los indultos solicitados por algunos de los condenados, como Griñán, decisión que debe adoptar el Ministerio de Justicia después de que la Audiencia de Sevilla se encargue de su tramitación, tras haber pedido ya a las partes que se pronuncien. Tanto la Fiscalía como la Junta de Andalucía, se han mostrado en contra de esta medida de gracia, sobre la que aún no se ha pronunciado el Gobierno central.
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