Que las personas que requieren cuidados no vivan aisladas de la comunidad, que tengan control sobre sus vidas y sus decisiones cotidianas y que quienes se encargan de esa asistencia cuenten con unas condiciones laborales dignas. Son algunos de los objetivos plasmados en la nueva estrategia de cuidados aprobada este martes en Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Derechos Sociales. Un documento de más de un centenar de páginas que servirá como marco de todo el trabajo que pretende desplegar el Gobierno, de aquí a 2030, para transformar el sistema actual, con especial énfasis en el modelo residencial; y el cual cuenta con una partida presupuestaria inicial de más de 1.300 millones de euros.
La estrategia pone el foco sobre todo en personas con discapacidad, mayores en situación de dependencia, niños y adolescentes en el sistema de protección y a las personas sin hogar; aunque también está pensada para apoyar a los familiares y trabajadores del sector. Según cálculos del departamento dirigido por Pablo Bustinduy, en España hay entre 4,5 y 6,5 millones de personas que requieren cuidados de apoyo (más del 10% de la población), de las cuales, al menos 350.000 reciben apoyos en recursos de atención residencial.
"El futuro no pasa por construir más macroresidencias, sino por poner los recursos necesarios para que la gente pueda vivir en sus casas, en sus barrios, con sus seres queridos, todo el tiempo que desee", ha subrayado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también ha reivindicado una "revolución en el modelo de cuidados". De lo que se trata, ha defendido, es de articular un modelo "personalizado" y "de proximidad", a través de la teleasistencia, la atención al domicilio, los centros de día, y, en definitiva, cualquier recurso que permita a estas personas "vivir más tiempo y en mejores condiciones en el domicilio, manteniendo el arraigo y una mejor calidad de vida".
Dejar atrás las macrorresidencias
Así, el plan del Ejecutivo es iniciar un proceso de desinstitucionalización, transformando el sistema de apoyos y cuidados: del actual modelo de "macrorresidencias", a uno basado en los cuidados a domicilio y en entornos comunitarios, para que las personas dependientes puedan "desarrollar sus proyectos de vida elegidos, sean plenamente incluidas en la sociedad, contribuyendo a sus comunidades en igualdad de condiciones que la población general", reza el documento.
La estrategia tendrá una dotación económica inicial de más de 1.300 millones de euros, financiada por recursos de los Fondos Estructurales de la Unión Europea (UE) —el Fondo Social Europeo Plus (FSE+)— y por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). "Se trata de una inversión sin precedentes para una estrategia que, además, será pionera en Europa", ha destacado Bustinduy. La mayor parte de esos fondos se repartirán a las comunidades autónomas para que puedan poner en marcha ese cambio de modelo, que ya han arrancado algunos territorios con determinados proyectos pilotos.
Mejorar las condiciones de las cuidadoras
La estrategia aspira también a poner el foco en una realidad discriminatoria: en torno al 70% de las personas dependientes son atendidas por un único integrante de su familia, que en la mayoría de casos suelen ser mujeres, ya sean hijas, madres o parejas. Algo que, según ha subrayado Bustinduy, "limita la autonomía, el desarrollo profesional y la calidad de vida de estas mujeres, además de perpetuar una desigualdad de género que dura ya muchas décadas".
Por ello, otro de los pilares del plan pasará por mejorar las condiciones, laborales y salariales del personal que trabaja en cuidados a domicilio y en residencias, que también está constituido en mayor parte por mujeres que, muchas de ellas migrantes.
Así, se irá transitando en los próximos años en este nuevo modelo de cuidados a partir de cinco ejes principales. El primero, centrado en la activación de mecanismos de prevención de dinámicas de institucionalización. El segundo, en fomentar la participación de las personas y la concienciación social; el tercero y el cuarto, en poner en marcha nuevos servicios y apoyos basados en la comunidad para transformar paulatinamente los centros residenciales y avanzar hacia un "modelo hogar"; y el quinto, que recoge todas las condiciones "indispensables" para acometer esa transformación del modelo de cuidados.
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