Horas después de publicarse la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha comunicado a la Policía que la orden nacional de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont sigue activa. Asimismo, el magistrado ha dado cinco días a las partes personadas en la causa del procés en ese órgano judicial para que se pronuncien sobre la posible aplicación de la norma. Ante esto, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha señalado que el expresident regresaría "el día del pleno de investidura" pese a la orden que pesa sobre él: "Ya ha estado varias veces detenido estos años y dos veces ingresado en prisión, no creo que eso le preocupe".
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Fiscalía y al resto de partes que informen sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial sobre la medida de gracia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el procés. El órgano contable expone así la posibilidad de que una serie de artículos de la ley de amnistía puedan ser contrarios al derecho comunitario, y que estarían relacionados con la lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, entre otros.
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